Un tribunal de Santa Clara habría impuesto condenas de entre cuatro y cinco años de prisión a integrantes de una red dedicada a comercializar antenas satelitales Starlink introducidas ilegalmente en Cuba, según una publicación que también reporta el decomiso de 37 equipos y sanciones contra transportistas y personas acusadas de recibirlos.
La información fue difundida por el perfil oficialista Alejandro Noticias Cuba, que defendió las medidas judiciales y presentó estos dispositivos como posibles instrumentos de operaciones contra la seguridad nacional.
El caso expone el rigor con que las autoridades cubanas pretenden controlar el acceso a tecnologías de comunicación que funcionan al margen de la infraestructura estatal. Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, permite conectarse a la red mediante antenas que no dependen de las redes terrestres de telecomunicaciones.
La publicación oficialista invoca el artículo 295.1 del Código Penal cubano y sostiene que las sanciones responden a la distribución o comercialización no autorizada de señales satelitales. No obstante, presenta la tecnología como un instrumento de guerra y vincula su uso con denuncias de espionaje y operaciones militares en conflictos internacionales, sin demostrar que los equipos decomisados en Santa Clara estuvieran relacionados con actividades de esa naturaleza.
También menciona el incidente ocurrido en febrero de 2026 en Corralillo, Villa Clara, cuando las autoridades cubanas afirmaron haber neutralizado una infiltración armada procedente de Estados Unidos. Según la versión oficial, entre los medios de comunicación incautados figuraba una estación Starlink. Ese antecedente, sin embargo, no demuestra que la comercialización de antenas con fines de conectividad civil constituya por sí misma una amenaza armada.
Las sanciones se producen en un país donde Etecsa mantiene el monopolio de las telecomunicaciones y los usuarios afrontan problemas de conectividad, tarifas elevadas y frecuentes interrupciones del servicio, agravadas en numerosas ocasiones por los apagones.
En ese contexto, la posibilidad de acceder a proveedores alternativos representa una opción para quienes buscan una conexión más estable. La persecución de quienes comercializan estos equipos, con penas que presuntamente llegan a cinco años de cárcel, plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las sanciones y el margen que tienen los ciudadanos para buscar soluciones tecnológicas fuera del sistema estatal.
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