La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció la persistencia de las restricciones a la libertad de expresión en Cuba y alertó sobre el empleo de mecanismos policiales y judiciales para hostigar a periodistas independientes, creadores de contenido y activistas.
En un informe aprobado durante su 82 Asamblea General, celebrada en Bogotá, Colombia, la organización advirtió que las autoridades cubanas han intensificado las detenciones, citaciones, interrogatorios y procesos judiciales contra quienes informan sobre la realidad de la isla o difunden opiniones críticas.
Según informó la agencia EFE, el documento identifica el encarcelamiento preventivo del periodista Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, como uno de los casos más graves.
Constantín permanece en la prisión de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey, acusado de desobediencia por un incidente relacionado con una citación de la Seguridad del Estado. De acuerdo con el informe, el periodista llegó cuando los agentes ya se habían retirado.
La SIP también denunció que Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto digital independiente El4tico, continúan encarcelados bajo acusaciones de incitar al desorden público por sus videos de análisis y sátira política.
El documento menciona, además, a los periodistas Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por su participación en protestas, así como a Mayelín Rodríguez Prado, quien cumple una condena de 15 años tras entrevistar a menores durante una manifestación.
Otro caso señalado es el de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente. Ambas recibieron el 1 de octubre sanciones de dos años de «libertad limitada» después de grabar y difundir un video de un suboficial del Ministerio del Interior durante una citación.
La organización también cuestionó las prohibiciones de salida del país impuestas a periodistas mediante la categoría de «regulados», una medida que considera otro instrumento de presión sobre los comunicadores independientes.
Asimismo, advirtió que el Decreto 160 limita la posibilidad de formalizar medios independientes como actividades económicas privadas y mantiene bajo control estatal sectores esenciales de la información, como el periodismo, las agencias de noticias, la radiodifusión y las publicaciones.
A estas restricciones se suman los cortes de internet, la baja calidad de las conexiones y las dificultades para conseguir materiales necesarios para imprimir publicaciones independientes.
La SIP alertó igualmente sobre el uso de figuras penales ambiguas, como desobediencia y desórdenes públicos, y sobre las demoras en los recursos de habeas corpus, la falta de acceso a expedientes y la ausencia de información sobre investigaciones y sanciones.
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