Las autoridades judiciales federales de los Estados Unidos formalizaron cargos penales contra cuarenta y ocho ciudadanos extranjeros, entre los que se encuentran cuatro hombres de nacionalidad cubana, bajo la acusación de haber ejercido el sufragio de forma irregular durante comicios federales recientes.
La investigación, dada a conocer por el Departamento de Justicia, abarca diversos distritos judiciales en jurisdicciones como Pensilvania, Florida, California, Nueva York y Nevada. En relación con los implicados procedentes de la isla, las actuaciones judiciales apuntan a individuos cuyas edades oscilan entre los sesenta y los setenta y tres años, quienes habrían participado indebidamente en los procesos comiciales de los años dos mil veintidós y dos mil veinticuatro. De acuerdo con el reporte oficial, tres de ellos ostentan la condición de residentes permanentes legales mediante la denominada tarjeta de residencia, mientras que el cuarto involucrado carece de estatus migratorio regular en territorio norteamericano.
Los expedientes abiertos detallan distintas tipologías delictivas según el caso particular. En el distrito medio de Florida, los señalamientos comprenden no solamente la emisión ilegal del voto por parte de extranjeros, sino también la presunta falsedad en declaraciones sobre la nacionalidad estadounidense para lograr la inscripción en los padrones electorales. Paralelamente, en el distrito este de Pensilvania se imputaron cargos similares a otros dos connacionales por infringir las normativas federales que restringen exclusivamente a los ciudadanos nativos o naturalizados la participación en elecciones a nivel nacional.
El operativo general instruido por las instancias de persecución penal refleja un despliegue interdistrital enfocado en sancionar infracciones vinculadas a los registros de votantes, siendo California la demarcación que concentra la mayor cantidad de encausados dentro de este paquete de acciones legales. Las disposiciones legales vigentes estipulan que la posesión de la residencia permanente no otorga prerrogativas de sufragio federal, advirtiendo las autoridades que este tipo de conductas ilícitas conlleva penas privativas de libertad de hasta un año, además de posibles agravantes por mentir en los formularios oficiales de naturalización.
Fuente: Departamento de Justicia
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