El Parlamento Europeo aprobó una resolución que solicita formalmente a la Unión Europea incluir al Cartel de los Soles, presunta red criminal venezolana, en su lista de organizaciones terroristas. El documento también cuestiona la política de “Paz total” del gobierno colombiano ante el incremento de la violencia en varias regiones del país.
Según la resolución, el Cartel de los Soles, al que Estados Unidos ya ha calificado como “entidad terrorista internacional especialmente designada”, opera bajo el control de altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y el general Padrino López. Se acusa al grupo de facilitar el narcoterrorismo, incluyendo el tráfico de cocaína de las disidencias de las FARC hacia Estados Unidos y Europa, así como de ofrecer apoyo logístico y utilizar instituciones estatales para corromper a funcionarios militares y judiciales.
La propuesta insta al Consejo de la Unión Europea a actualizar su lista de organizaciones terroristas para reflejar la realidad actual en Colombia y la región. Además del Cartel de los Soles, el documento menciona al ELN, el Clan del Golfo y facciones disidentes de las FARC, como Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, señalando que estos grupos reciben refugio y apoyo logístico de la organización venezolana.
La resolución también expresa su condena por la violencia política en Colombia, incluyendo el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El Parlamento Europeo calificó el hecho como un atentado terrorista y expresó condolencias a su familia.
Además, el texto critica la política de “Paz total” del gobierno de Gustavo Petro, señalando que los grupos ilegales han incrementado su actividad, expandiendo su control territorial y consolidando su poder en zonas donde históricamente el Estado tenía poca presencia. Según el documento, esta situación ha provocado que la violencia afecte a un mayor número de personas en diferentes regiones, superando etapas previas del conflicto armado.
La resolución también plantea la revisión de los acuerdos de cooperación y financiamiento de la UE con Colombia, con el objetivo de garantizar que los fondos europeos no hayan beneficiado directa o indirectamente a personas o instituciones vinculadas a actividades terroristas o a la delincuencia organizada.
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