Este 19 de marzo entró en vigor el Título III de la Ley Helms-Burton, un elemento tan extremo de la regulación que hasta ahora ningún presidente estadounidense había querido aplicarlo, sin embargo, no pasan de las seis mil reclamaciones.
Las mismas, según refiere El Confidencial, exigen un importe de alrededor de 9.000 millones de dólares, “que hipotéticamente el Gobierno de Cuba tendría que pagar como compensación a los ciudadanos estadounidenses dueños de propiedades que fueron nacionalizadas a partir de 1959, tras el triunfo de la Revolución. Pero desde el pasado 19 de marzo, esas cifras podrían crecer de forma exponencial hasta alcanzar magnitudes virtualmente imposibles de calcular”.
“Solo Donald Trump se ha atrevido a romper la barrera de contención que colocó Bill Clinton en 1996, como una manera de suavizar la misma ley que acababa de aprobar para contentar al electorado de Miami, con el ojo puesto en la reelección... En la mira de su administración se hallan las compañías que comercian con la isla o invierten en ella. Y una buena parte de las mismas son españolas”, reseñó.
“En esas circunstancias se encuentran muchos de los hoteles operados por compañías españolas bajo contratos de gestión. Un ejemplo paradigmático es el Iberostar Grand Packard, el lujoso 'cinco estrellas plus' inaugurado en La Habana a mediados de octubre, con la presencia del presidente de la empresa española y del nuevo líder cubano Miguel Díaz-Canel. Pensado como una apuesta de cara al turismo de alto 'standing', el Grand Packard no tardó en ser incorporado al registro estadounidense, junto a otras 11 instalaciones administradas por la corporación balear y su compatriota Meliá, las dos con mayor presencia en el mercado local”, argumentó.
“Las más de 21.000 habitaciones regentadas por firmas españolas (entre las que se cuentan casi el 90% de las designadas como de cuatro y cinco estrellas) podrían verse afectadas directamente por un hipotético escenario de demandas masivas, pues incluso los paradisíacos archipiélagos de la costa norte pertenecían en 1959 a latifundistas cubanos y estadounidenses, cuyos descendientes, de acuerdo con la ley Helms-Burton, podrían exigir compensaciones por las edificaciones erigidas en terrenos que entonces eran baldíos”, relató.
De ahí que cabe la posibilidad de activarse la reclamación contra los establecimientos gestionados por Meliá e Iberostar, por lo que “ambas compañías ya han contratado los servicios de varios despachos de abogados para preparar su defensa, especialmente si se activa un segundo escenario a partir del próximo 17 de abril”.
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