En lugar de mirarse ellos primero y poner fin a la cada vez más creciente corrupción en la "familia real" y sus allegados, la lucha contra los de "abajo" que no pertenecen al clan, se intensifica. Ahora es el gobierno de Las Tunas el que se ha lanzado en los últimos meses contra la "evasión fiscal", enfocándose especialmente en negocios de mayores ingresos e importadores de la provincia, a tono con la “cruzada” que impulsa el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Yusdanis Ojeda Osoria, subdirectora de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en el territorio informó al oficialista Periódico 26 que se han detectado prácticas como la sub declaración de ingresos, alteraciones en registros contables y ocultamiento de información, además de incumplimientos en la operatoria de las cuentas fiscales, una obligación que todavía no cumplen más de 9 mil 213 contribuyentes en el territorio.
En estas acciones, descritas como una cruzada fiscal, se han auditado contribuyentes clave. De los 59 importadores registrados en la provincia, 17 fueron inspeccionados durante el segundo semestre del año, resultando en determinaciones por 135 millones de pesos en ventas o servicios declarados. Estos montos, que incluyen multas y recargos por mora, ya están siendo incorporados a las arcas estatales.
El control no se limita a los importadores. Según Ojeda Osoria, en los últimos días se revisaron 20 grandes negocios de diferentes municipios, identificando un total de 13,5 millones de pesos no declarados. Estas auditorías incluyeron a tres mipymes, seis trabajadores por cuenta propia y una cooperativa no agropecuaria, lo que evidencia que el esfuerzo abarca diversos sectores de la economía local.
Desde enero, la ONAT ha logrado recuperar 108 millones de pesos en deudas fiscales, aunque aún quedan pendientes 72,3 millones, divididos entre 41,6 millones de personas jurídicas y 30,7 millones de personas naturales. Para garantizar el cobro, las autoridades han implementado medidas como multas y restricciones migratorias, afectando hasta ahora a mil 374 contribuyentes.
Estas acciones reflejan la intención del gobierno de Las Tunas de reforzar su capacidad recaudatoria y de proyectar una imagen de firmeza ante las irregularidades fiscales, en un contexto donde la evasión fiscal sigue siendo una problemática extendida. La “cruzada anticorrupción” orientada por Díaz-Canel, en un intento por mostrar que el régimen se ocupa de solucionar los problemas de la sociedad, se ha extendido por todo el país.
De enero a octubre de este año las autoridades de Matanzas impusieron multas por más de 652 millones de pesos a emprendedores privados por evasión de impuestos.
Yenli Ortega Salgueiro, directora de la ONAT en la provincia, reveló al diario Granma que aunque la calidad del pago de los contribuyentes ha mejorado de forma general, en muchos casos se evaden cuantiosas sumas de dinero.
De igual manera, la ONAT en Holguín ha implementado restricciones migratorias a más de mil 300 personas con deudas fiscales, según informó el director provincial de la entidad, Jorge Félix Pérez Marrero. Esta medida, parte de una estrategia nacional contra la evasión fiscal y la sub declaración de ingresos, busca garantizar que quienes tengan obligaciones tributarias pendientes no puedan abandonar el país sin antes saldar sus cuentas.
Desde julio último, el gobierno cubano había anunciado que aplicaría el "embargo preventivo" como una medida auxiliar para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El gobierno de Las Tunas ha intensificado las auditorías y controles sobre los negocios de mayores ingresos e importadores. Estas acciones incluyen la inspección de registros contables y la imposición de multas y embargos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
De los 59 importadores registrados en la provincia, 17 fueron inspeccionados, resultando en determinaciones por 135 millones de pesos en ventas o servicios no declarados. Esto incluye multas y recargos, afectando significativamente la operación de estos negocios.
Las consecuencias incluyen multas, embargos de cuentas y restricciones migratorias. Estas medidas buscan asegurar el pago de las deudas fiscales y se aplican tanto a personas naturales como jurídicas, limitando incluso la salida del país para deudores significativos. Además de auditorías y restricciones migratorias, se han aplicado embargos preventivos y cierre de negocios que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Estas acciones forman parte de una estrategia nacional para mejorar la recaudación fiscal en un contexto de crisis económica.
Y... repetimos la pregunta: ¿cuándo inspeccionarán a los integrantes de la "familia real"?