La Corte Suprema de Estados Unidos revisará el próximo mes una propuesta de la administración Trump que busca eliminar la ciudadanía automática por derecho de nacimiento. La audiencia está programada para el 15 de mayo, según informó NBC News.
Esta iniciativa, impulsada mediante una orden ejecutiva, ha sido bloqueada por al menos tres jueces federales, lo que llevó al presidente republicano a solicitar una acción de emergencia para limitar el alcance de los fallos judiciales a nivel nacional.
La Corte no se pronunciará directamente sobre la constitucionalidad de la propuesta, sino sobre si los jueces inferiores excedieron su autoridad al emitir mandatos de carácter nacional.
La ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en EEUU y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de EEUU”. Esta cláusula ha sido la base legal de la ciudadanía automática durante más de 150 años.
No obstante, la administración Trump argumenta que esta disposición debe reinterpretarse para excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados o no residentes permanentes. De aplicarse esta reinterpretación, cientos de miles de niños nacidos en territorio estadounidense podrían perder su derecho a la ciudadanía.
Datos incluidos en la demanda indican que en 2022, aproximadamente 255.000 niños nacieron de madres en situación migratoria irregular y otros 153.000 de padres en circunstancias similares.
Organismos y fiscales estatales de estados como Connecticut, Illinois, Arizona, Washington y Oregón se han opuesto firmemente, asegurando que la medida vulnera tanto la Constitución como precedentes legales establecidos.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, hijo de inmigrantes chinos, expresó su preocupación en los documentos presentados: “No hay un debate legal legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté completamente equivocado no le impedirá causar un daño grave”.
La propuesta reaviva el debate sobre el principio de jus soli (ciudadanía por lugar de nacimiento), una práctica reconocida en alrededor de 30 países, incluyendo Canadá y México. Si se limita este derecho en Estados Unidos, podría representar un cambio drástico en las políticas migratorias y afectar a miles de familias asentadas en el país.
La decisión de la Corte Suprema será clave para definir el alcance del poder presidencial en materia migratoria y el futuro de la ciudadanía automática en la nación.
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