Cuatro ciudadanos fueron juzgados y sancionados en Holguín por su participación en la sustracción y comercialización de 440 litros de aceite dieléctrico de una subestación eléctrica, un hecho que provocó afectaciones al servicio para más de 4.000 clientes.
El proceso fue celebrado por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Holguín, en funciones de Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado.
Según la información divulgada por el propio tribunal, los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2024 en una subestación ubicada en la zona de El Zarzal, en el municipio de Urbano Noris.
El principal acusado habría ingresado a la instalación después de saltar la cerca perimetral y utilizó una llave para retirar el tapón inferior de un transformador y extraer 40 litros de aceite dieléctrico, que colocó en dos recipientes de 20 litros.
Aproximadamente un mes después regresó al lugar acompañado de un tío. En esa ocasión ambos sustrajeron otros 200 litros, distribuidos en 10 recipientes. Unos 15 días más tarde volvieron a la subestación y repitieron la operación, apoderándose de otros 200 litros.
Parte del producto fue posteriormente vendido. Uno de los implicados ofreció 160 litros a un tercer ciudadano, quien habría pagado 4.500 pesos cubanos por cada recipiente de 20 litros. Este, a su vez, vendió posteriormente 40 litros a un cuarto acusado por el mismo precio.
El tribunal consideró que ambos compradores podían advertir, por las características del producto, que tenía una procedencia ilícita. El último de ellos utilizó el aceite para habilitar el camión estatal que conducía durante un viaje hacia Mayarí.
Los 440 litros sustraídos no pudieron ser recuperados. De acuerdo con el tribunal, la Empresa Eléctrica de Holguín sufrió una afectación económica de 11.321,64 pesos cubanos. Además, los transformadores intervenidos quedaron inhabilitados y el servicio eléctrico resultó afectado durante poco más de 24 horas.
La interrupción alcanzó a más de 4.000 clientes y fue necesario suspender temporalmente la prestación del servicio para evitar daños adicionales en los equipos.
Los dos primeros acusados fueron condenados por un delito continuado de sabotaje a 10 y ocho años de prisión, respectivamente. En el caso del primero, el tribunal tuvo en cuenta que tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos y su colaboración con el esclarecimiento de la investigación.
Los otros dos fueron sancionados por receptación. Uno recibió un año y seis meses de privación de libertad, sustituida por trabajo correccional con internamiento, mientras que el otro recibió 10 meses de trabajo correccional con internamiento.
La decisión puede ser recurrida mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular.
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