El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió un fallo que fortalece la capacidad del gobierno federal para limitar el acceso al sistema de asilo en la frontera sur, al determinar que los migrantes que aún se encuentran en territorio mexicano no pueden presentar solicitudes de protección ante las autoridades estadounidenses.
La decisión, aprobada por una mayoría de seis votos contra tres, representa una victoria para la administración del presidente Donald Trump en materia migratoria y reabre el debate sobre el alcance de las medidas destinadas a controlar el flujo de personas que intentan ingresar al país por la frontera con México.
Según la interpretación adoptada por la corte, la legislación estadounidense establece que una persona debe encontrarse físicamente en Estados Unidos o haber ingresado al país para poder solicitar asilo. Bajo este criterio, quienes permanezcan del lado mexicano de la frontera no cumplen con ese requisito legal.
La resolución permite a las autoridades migratorias restringir el acceso a determinados puntos fronterizos cuando estos se encuentren saturados o carezcan de capacidad para procesar nuevas solicitudes. De esta forma, los agentes podrán impedir que algunos migrantes crucen hacia territorio estadounidense para iniciar trámites de asilo.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional celebraron la decisión y afirmaron que proporciona una herramienta adicional para gestionar la frontera y responder a incrementos repentinos en la llegada de migrantes.
Por el contrario, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes criticaron el fallo y advirtieron que podría dificultar el acceso a la protección internacional para personas que huyen de situaciones de violencia, persecución o crisis humanitarias.
La jueza Sonia Sotomayor, quien votó en contra de la decisión, expresó preocupación por las posibles consecuencias humanitarias de la medida. En su opinión, la restricción podría incentivar a algunas personas a intentar cruces irregulares en lugar de presentarse ante las autoridades por vías oficiales.
El caso tiene sus raíces en una política implementada durante el primer mandato de Trump y posteriormente suspendida por la administración de Joe Biden. Sin embargo, el actual gobierno defendió ante los tribunales la posibilidad de recuperar esa herramienta para enfrentar escenarios de alta presión migratoria.
La decisión llega en un momento en que la inmigración continúa siendo uno de los temas más sensibles de la política estadounidense. Mientras las autoridades argumentan la necesidad de fortalecer el control fronterizo, grupos de derechos humanos sostienen que cualquier medida debe garantizar el acceso de los solicitantes de asilo a procedimientos justos y seguros.
Fuente: NBC News
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