La reciente detención de los hermanos cubanos Leosmel y Liosbel Sánchez por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado una ola de preocupación entre activistas y defensores de los derechos humanos.
Los jóvenes participaron en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba y, desde entonces, fueron reconocidos como opositores al régimen. Tras pasar un año en México, ingresaron a Estados Unidos el 3 de diciembre de 2024 mediante el sistema CBP One y solicitaron asilo. Sin embargo, el 20 de mayo de 2025 su caso fue cerrado sin resolución favorable, lo que derivó en su inmediata detención por parte de agentes de ICE.
Aunque las pruebas de su activismo incluyen fotos y testimonios que los vinculan a las protestas, el sistema migratorio estadounidense desestimó su solicitud de protección. Según denuncias de sus allegados, no se les ha permitido una entrevista de miedo creíble con representación legal adecuada, ni han contado con un proceso transparente.
Liosbel fue trasladado al centro de detención de Florence, mientras que Leosmel se encuentra en el centro de Eloy, ambos en Arizona. Estas acciones forman parte de lo que parece ser una estrategia cada vez más común: detener a solicitantes de asilo inmediatamente después de que un juez cierre su caso, incluso dentro de los mismos edificios judiciales.
En paralelo, el 30 de mayo de 2025 se llevó a cabo el mayor vuelo de deportación a Cuba bajo la actual administración estadounidense. Un total de 130 personas —106 hombres y 24 mujeres— fueron retornadas a La Habana en un operativo coordinado entre ICE y el régimen cubano.
Esta cifra supera los promedios mensuales que se venían registrando desde que los vuelos fueron retomados en abril de 2023, cuando se reactivaron los acuerdos bilaterales migratorios. Cinco de los deportados fueron entregados directamente a las autoridades por encontrarse bajo libertad condicional al salir de la Isla.
Las decisiones de deportación son tomadas finalmente por el Ministerio del Interior de Cuba, que evalúa individualmente los perfiles enviados por ICE. Normalmente, se aceptan principalmente jóvenes sin antecedentes penales que hayan emigrado recientemente. Ante este panorama, activistas como Cristian González han hecho un llamado a la comunidad internacional para que se garantice una oportunidad justa a los migrantes cubanos que temen por su vida si son retornados. El caso de los hermanos Sánchez simboliza un conflicto cada vez más evidente entre la política migratoria estadounidense y los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo.
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