La administración de Donald Trump ha comenzado a tomar medidas drásticas contra el programa de parole humanitario CHNV, instaurado durante el gobierno de Joe Biden para permitir la entrada legal de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que las personas beneficiadas por este programa deberán abandonar Estados Unidos si no han logrado regularizar su estatus migratorio.
Además, se les revocarán los permisos de trabajo concedidos bajo este mecanismo.
Según el DHS, esta decisión responde a un supuesto retorno a las “políticas de sentido común”, según declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de la administración Trump.
“Estados Unidos debe estar primero”, insistió. El anuncio se produjo a menos de dos semanas después de que la Corte Suprema levantara una orden que había bloqueado la cancelación del programa. A raíz de esta decisión judicial, se estima que cerca de 531,000 personas corren el riesgo de deportación, a pesar de haber ingresado legalmente al país.
Durante el periodo en que el programa estuvo en vigor, miles de migrantes trabajaron en sectores esenciales como la construcción, la agricultura y el cuidado de personas mayores, aportando a la economía estadounidense y ayudando a mitigar la escasez de mano de obra. “Revocar las protecciones legales de personas que siguieron el proceso correcto es desestabilizador”, declaró Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge.
"Estas personas llegaron legalmente, fueron evaluadas médicamente, pasaron chequeos de antecedentes y tenían un patrocinador en EE.UU. Romper ese contrato social repentinamente no solo afecta a los migrantes, sino también a las comunidades que los acogieron", insistió Vignarajah.
El futuro inmediato para estos migrantes es incierto. Según el Centro de Acción por la Justicia, muchas de estas personas ya han iniciado trámites para ajustar su estatus, como solicitudes de asilo o residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Sin embargo, cientos de miles aún no tienen una vía clara para permanecer en el país. La incertidumbre también crece entre los patrocinadores, incluyendo familias y comunidades religiosas que ahora ven frustrado su esfuerzo por brindar seguridad a sus seres queridos.
Mientras tanto, organizaciones proinmigrantes alertan sobre la posibilidad de que se inicien procedimientos de deportación acelerada, sin intervención judicial.
Los beneficiarios del parole CHNV han sido etiquetados como “extranjeros ilegales” por la administración Trump, a pesar de haber entrado por canales oficiales. El destino de estas personas depende ahora de una decisión legal y política que aún no ofrece respuestas claras.
Fuente: El Nuevo Herald.
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