Florida acaba de recibir más de 600 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para sostener y operar sus polémicos centros de detención de inmigrantes.
La transferencia ocurrió el 30 de septiembre, apenas un día antes del cierre parcial del gobierno federal, lo que ha generado un intenso debate político, social y ambiental.
De acuerdo con la oficina del gobernador Ron DeSantis, los fondos —608 millones en total— se destinarán principalmente a Alligator Alcatraz, levantado en terrenos del Big Cypress National Preserve y a Deportation Depot, ubicado en una antigua prisión del condado Baker. Ambos proyectos han sido presentados como una estrategia estatal para endurecer la política migratoria y reducir la llegada de inmigrantes a Florida.
DeSantis celebró la noticia en su cuenta oficial de X: “Otro relato falso se desmorona. Siempre dije que seríamos reembolsados. Sigue siendo propiedad del estado y una misión estatal”. Sin embargo, opositores sostienen que el financiamiento de FEMA convierte estos centros en proyectos federales sujetos a leyes ambientales y de derechos humanos más estrictas.
El impacto ambiental es una de las mayores preocupaciones. Varias organizaciones —entre ellas Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee— han demandado al estado y al gobierno federal, alegando que no se realizó el estudio ambiental requerido para intervenir en un área tan frágil como los Everglades.
“El otorgamiento de fondos federales cambia todo el panorama. Si FEMA paga, el proyecto debe cumplir con las protecciones ambientales básicas”, explicó Elise Bennett, directora en Florida del Center for Biological Diversity.
En agosto, un juez federal había ordenado detener temporalmente la construcción de Alligator Alcatraz, aunque un tribunal de apelaciones permitió reanudarla en septiembre bajo el argumento de que no había fondos federales implicados. Con la transferencia de FEMA, los grupos ambientalistas confían en que podrán paralizar nuevamente el proyecto.
Mientras tanto, los alguaciles de Florida solicitaron otros 250 millones en fondos estatales para expandir la capacidad de detención, adquirir nueva tecnología y bonificar a agentes que participan en operativos migratorios. Estas acciones se enmarcan en la coordinación con la administración de Donald Trump y bajo el programa federal 287(g), que permite a las autoridades locales ejecutar funciones de inmigración.
La llegada de este financiamiento federal deja en evidencia que la lucha en torno a la política migratoria y la protección ambiental en Florida apenas comienza y promete intensificar los choques entre el gobierno estatal, las comunidades locales y los defensores del medio ambiente.
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