El estado de Florida lanzó una acción judicial contundente contra un inmigrante acusado de delitos de extrema gravedad: José Sánchez Quintana. Con un historial previo de violencia doméstica y secuestro, su caso alcanza dimensiones alarmantes luego de descubrirse que envió imágenes perturbadoras de sí mismo a un menor.
La Fiscalía General encabezada por James Uthmeier anunció su captura, la posible revocación de su residencia permanente (green card) y su futura deportación, en línea con una política estatal de tolerancia cero ante delitos sexuales y la explotación de menores.
La orden de arresto, difundida por Uthmeier en su cuenta en X, detalla los cargos que enfrenta Sánchez Quintana: uso de servicios informáticos o dispositivos para solicitar información delicada, tres cargos por exhibición lasciva de un adulto vía internet, siete cargos por transmitir material nocivo a un menor y uno por comunicación explícita dañina con un menor.
Si es hallado culpable, se expone a una condena de varios años de prisión, tras lo cual se activará el proceso federal para revocar su green card y proceder a su deportación definitiva.
La detención fue llevada a cabo por la Patrulla de Carreteras de Florida bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.
En rueda de prensa virtual, Uthmeier expresó su agradecimiento a la Patrula de Carreteras(FHP):
“Gracias, FHP, por arrestar a este depredador” y la entidad estatatal remarcó en redes sociales que “los depredadores no tienen cabida en Florida”.
Este caso subraya la aplicación de la ley SB 2‑C del estado de Florida, activada en febrero de 2025. La norma amplió el alcance penal de varios actos antes considerados civiles, como el reingreso tras deportación y la cooperación directa con ICE bajo el programa federal 287(g).
Esto facilita que casos como el de Sánchez Quintana sean perseguidos también por su impacto migratorio, además del penal.
Además de enfrentar un proceso judicial severo, Sánchez Quintana podría perder su green card por la acumulación de cargos graves—especialmente explotación infantil y violencia doméstica—los cuales son considerados incompatibles con el estatus de residencia permanente en EE.UU.
En esencia, este proceso representa una actuación ejemplarizante de las autoridades floridanas: un presunto delincuente con antecedentes violentos es detenido, expuesto públicamente y sometido a una estrategia dual que implica cárcel primero y pérdida del estatus migratorio después.
Así, Florida refuerza su postura de mano dura contra quienes atentan contra la seguridad de las familias y los menores en su territorio.
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