Ha iniciado una huelga de hambre el cubano Yosvany Rosell García Caso a quien la fiscalía le pide al menos 30 años de cárcel por unirse a las manifestaciones antigubernamentales que ocurrieron en la isla el pasado 11 de julio.
García Caso tiene 33 años, es padre de tres hijos, y fue detenido el 15 de julio por su participación en las protestas populares en la oriental provincia de Holguín.
Inicialmente a este cubano lo acusaron de desorden público y más tarde del delito de sedición, por el cual la Fiscalía ha pedido una condena de 30 años de cárcel, similar a la que piden para Miguel Cabrera Rojas, José Ramón Solano Randiche e Iván Colón Suárez.
La esposa de García Caso, Mailén Rodríguez Sánchez, y el activista Ramón Zamora denunciaron a Radio Televisión Martí que el huelguista se encuentra internado en la enfermería del penal, reclamando su inmediata liberación y en rechazo al delito que se le imputa.
Está "plantado" en la cárcel, señaló Rodríguez Sánchez, en tanto aseguró que, en una visita al penitenciario, un agente de la Seguridad del Estado la amenazó y le dijo que, si ella continuaba denunciando la situación de Yosvani, podría pasarle lo mismo a ella y que pensara en sus hijos.
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En el último año, el número de presos políticos en Cuba ha ascendido a 525, de acuerdo con la denuncia de Prisioners Defenders.
Esta cifra se convierte en un récord histórico para el país, tal y como informa la ONG a través de un informe sobre la represión política de la isla.
Prisioners Defenders vela por los derechos humanos y defiende la democracia. El Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Congreso de Washington o el Departamento de Estado de Estados Unidos son algunas de las muchas instituciones que utilizan los informes de la ONG.
De igual modo, es un referente en medios de comunicación como ABC, Le Monde, Le Figaro, The New York Times o The Washington Post.
“En los últimos 12 meses han formado parte de la lista de Prisioners Defenders 525 presos y condenados políticos en Cuba. Octubre de 2020 comenzó con 138 presos y condenados. Desde entonces, hasta el final de septiembre de 2021 han ingresado 387 nuevos casos”, indica la institución.
En tanto añade que de estos detenidos, 288 casos fueron arrestados tras la ola represiva que surgió después de las protestas que iniciaron a mediados de julio a lo largo y ancho de la nación.
Sin embargo, Prisioners Defenders advierte que es “imposible abarcar todos los casos entre la población”, de ahí que este número podría ser incluso mayor.
“En los casos del 11-J en Cuba nos encontramos que obtener documentación es una excepción. En los juicios sumarios ésta no existe, pues la sentencia es oral y así lo explicita la Ley”, argumenta Prisioners Defenders.