En lo que va de año, la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus ha detectado cerca de 800 casos de fraude en el servicio eléctrico, la mayoría relacionados con manipulaciones en los metrocontadores, lo que ha obligado a reforzar las medidas de control en viviendas y comercios.
Según informó Darío Peña Cuenca, director comercial de la entidad, estas prácticas generan pérdidas significativas no solo en lo económico, sino también en la calidad del servicio y en los indicadores de consumo.
Los fraudes más frecuentes consisten en violaciones de los sellos de seguridad de los metrocontadores. “Cada contador sale del laboratorio con un sello numerado. Cuando este aparece alterado, es señal de manipulación”, explicó Peña Cuenca.
En estos casos, los equipos son enviados nuevamente al laboratorio para pruebas especializadas y, de confirmarse la irregularidad, se procede a sustituirlos por otros de nueva generación.
El directivo señaló que, además de la reposición de equipos, se aplican sanciones a los infractores, que incluyen el cobro retroactivo de la energía sustraída, en un intento por frenar estas prácticas.
Para reforzar la detección, la empresa ha incorporado herramientas tecnológicas, entre ellas aplicaciones móviles capaces de identificar campos magnéticos alterados en los metrocontadores. Esta innovación se suma a la labor de los inspectores que supervisan directamente los equipos instalados en viviendas y negocios.
“Existen métodos cada vez más sofisticados para manipular los medidores, pero también estamos incorporando nuevas tecnologías que permiten neutralizar esos intentos”, destacó Peña Cuenca.
El fraude eléctrico no es un fenómeno aislado en Sancti Spíritus. Con la crisis energética y los altos costos asociados al consumo, muchos recurren a estas prácticas ilegales para reducir sus facturas, aunque las consecuencias a largo plazo terminan afectando a toda la población.
Las autoridades recuerdan que estas violaciones constituyen un delito y están respaldadas por el Decreto 260, que regula las sanciones aplicables. Las multas, el pago retroactivo y, en algunos casos, la posibilidad de enfrentar procesos judiciales son parte del marco punitivo vigente.