Un desalojo de cubanos que ocuparon ilegalmente una vivienda en Sancti Spíritus, terminó en un enfrentamiento violento contra policías y uno de los agentes con heridas leves de machete.
El incidente tuvo lugar en horas del mediodía del jueves, después de que una madre con cinco menores ocupara el inmueble en la Avenida del Paseo Norte de la ciudad de Sancti Spíritus, en la provincia del mismo nombre.
Los policías acudieron al lugar tras reportarse un enfrentamiento entre la propietaria legal y su esposo con los ocupantes de la vivienda, una ciudadana oriunda de Guantánamo y con cinco hijos menores.
Testigos de los hechos compartieron imágenes en redes sociales, reprochando el proceder de la policía en algunos casos. Los agentes de la policía irrumpieron en la vivienda y desalojaron a la fuerza a la familia.
El periódico oficialista Escambray informó que “el esposo de la ciudadana guantanamera y el hermano de este, machete en mano, irrumpieron en el lugar, agredieron a dos combatientes del Ministerio de Interior y a uno de ellos le provocaron lesiones leves en un brazo, sin peligro para la vida”.
“De igual manera, mostraron una actitud amenazante contra el Intendente del municipio y los miembros de la Comisión de enfrentamiento a las ilegalidades de la Vivienda, quienes desde un inicio se habían personado en ese local, donde también se encontraban los cinco niños, a los cuales se les protegió su integridad todo el tiempo”, destaca el medio.
“En estos momentos, las autoridades competentes profundizan en las investigaciones para procesar a los implicados y restablecer la legalidad”, agrega. El déficit de vivienda en Cuba ha incrementado los hechos de ocupación ilegal de viviendas.
En junio, la prensa oficialista de Santa Clara advertía que en esa ciudad muchas veces las ocupaciones eran protagonizadas por madres con varios hijos, mientras la situación preocupaba a los propietarios, debido a la tardanza de las autoridades en dar respuesta a la crisis.
El Artículo 115 de la Ley General de la Vivienda declara ocupantes ilegales a personas que ocupen violenta o clandestinamente una casa, o permanezcan en una cuyo propietario abandonó el país o falleció “sin cumplir los requisitos establecidos en esta Ley y sus disposiciones complementarias”.