Una nueva plataforma internacional reúne miles de documentos y testimonios sobre las misiones médicas cubanas y expone las condiciones laborales y de control que, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, enfrentan los profesionales enviados al extranjero.
Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentaron Cuban Medical Brigades, una base de datos pública que contiene información individual sobre 209 países y territorios. El proyecto recopila contratos, normativas, testimonios y mecanismos de pago relacionados con el programa cubano de exportación de servicios médicos.
De acuerdo con los datos disponibles hasta junio, la plataforma registra 53 misiones activas y estima en 25.724 el número de profesionales cubanos desplegados fuera de la isla.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, declaró a Infobae que el sistema constituye un mecanismo utilizado por el Gobierno cubano para obtener ingresos mediante la explotación de sus profesionales. El activista cuestionó que las autoridades presenten estas operaciones como actos de solidaridad internacional.
Uno de los principales componentes de la plataforma son 1.402 testimonios recopilados desde 2018. De ellos, 1.185 permanecen protegidos y 217 son públicos. Los relatos corresponden a profesionales que trabajaron en 60 países y muestran patrones que las organizaciones consideran recurrentes.
El 89,79% de los declarantes protegidos afirmó que fue obligado a participar en las misiones o que aceptó debido a circunstancias coercitivas. Además, el 77,72% señaló que su participación no fue voluntaria.
Los problemas también aparecen en los contratos. Un 32,41% aseguró que nunca recibió un documento contractual, mientras que otro 36,20% firmó un acuerdo sin obtener una copia. Asimismo, el 69,62% manifestó que desconocía su destino definitivo o que este fue modificado después de su llegada.
La plataforma también recoge denuncias relacionadas con vigilancia y restricciones. El 77,64% de los testimonios menciona supervisión por parte de funcionarios cubanos o colaboradores, mientras que el 81,18% reporta limitaciones para desplazarse libremente en el país de destino. En el 40% de los casos se señaló la retención del pasaporte y el 68,69% mencionó la existencia de toques de queda.
Las condiciones laborales también son cuestionadas. Según los testimonios analizados, la jornada promedio alcanza las 71,89 horas semanales. El ingreso líquido medio declarado por los profesionales fue de 462,29 dólares mensuales, equivalente a cerca del 15% del monto pagado por el país receptor.
En México, algunos documentos citados por Prisoners Defenders registran pagos de 3.750 dólares al Estado cubano por profesional, mientras el médico recibía 200 dólares mensuales. En Calabria, Italia, un acuerdo de 2022 estableció un pago de 4.700 euros mensuales por profesional, de los cuales 1.200 correspondían al trabajador.
Otro de los aspectos señalados es la separación de los profesionales de sus familiares. El 40,51% de los declarantes protegidos afirmó haber permanecido separado de hijos menores por decisión de las autoridades cubanas.
La base de datos identifica además a 9.646 profesionales catalogados por el régimen como “desertores”. Según la documentación recopilada, algunos han enfrentado impedimentos para regresar a Cuba después de abandonar una misión.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó preocupación en 2022 por estas restricciones y pidió modificaciones a las normas que permiten prolongar la prohibición de entrada al país.
Las organizaciones también destacan la dimensión económica del programa. Un estudio de Prisoners Defenders estimó que las misiones médicas generaron cerca de 5.976 millones de dólares en 2021, convirtiendo los servicios sanitarios en una importante fuente de divisas para el Gobierno cubano.
La preocupación por las condiciones de estas misiones también ha llegado a organismos internacionales. El Parlamento Europeo ha aprobado varias resoluciones sobre el tema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó en determinadas misiones elementos asociados al trabajo forzoso, como la falta de voluntariedad y la existencia de amenazas o sanciones.
En España, el Senado aprobó en abril una moción que condenó el envío forzoso de profesionales sanitarios y pidió revisar acuerdos que pudieran contribuir a esas prácticas.
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