El Gobierno cubano aprobó nuevas disposiciones para los trabajadores estatales que queden interruptos debido a la paralización parcial o total de actividades provocada por la crisis económica y energética que atraviesa el país.
La medida quedó establecida en el Decreto 149/2026, firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz el pasado 14 de abril y publicado oficialmente el 28 de mayo en la Gaceta Oficial de la República.
La norma, que ya entró en vigor, modifica el tratamiento laboral de los empleados estatales que no puedan continuar desempeñando sus funciones habituales por falta de insumos, apagones, reducción de operaciones u otras afectaciones productivas.
El decreto deroga regulaciones anteriores aprobadas en 2021 y modifica el Reglamento del Código de Trabajo vigente desde 2014.
Según el texto legal, las entidades estatales deberán declarar como “trabajadores disponibles” a aquellos empleados cuya interrupción laboral se prolongue durante dos meses o más y para quienes no exista una solución inmediata de reincorporación.
El nuevo Artículo 78.1 establece que los directivos de cada entidad tienen la obligación de tramitar esa declaración cuando se considere que la paralización puede extenderse en el tiempo y no existan perspectivas claras de reanudación de la actividad.
La norma señala además que esos trabajadores deberán tener prioridad de contratación en caso de que la actividad económica se restablezca posteriormente.
Uno de los puntos más sensibles del decreto aparece en el Artículo 78.3, donde se dispone que, de manera excepcional, los trabajadores interruptos podrán recibir una garantía salarial equivalente al 60 % de su salario básico diario a partir del segundo mes de interrupción.
Sin embargo, ese pago no será automático. El texto aclara que solo podrá aplicarse después de que la entidad demuestre haber agotado todas las opciones de reubicación laboral disponibles y compruebe que no existen otros empleos que ofrecer al trabajador afectado.
La medida llega en un contexto marcado por la creciente paralización de empresas estatales cubanas debido a los apagones, la escasez de combustible y la falta de materias primas.
En marzo pasado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, reconoció públicamente que numerosas entidades estatales atraviesan dificultades para mantener sus operaciones normales.
El funcionario insistió entonces en que la prioridad del Gobierno no es mantener trabajadores interruptos, sino reubicarlos en otras actividades consideradas necesarias.
Entre las alternativas planteadas aparecen labores agrícolas, servicios comunales, recogida de basura, atención social y apoyo al sistema educativo ante el déficit de maestros.
Esto implica que muchos profesionales podrían ser trasladados temporalmente hacia empleos alejados de sus especialidades para evitar quedar sin salario o acceder únicamente al pago reducido previsto por el nuevo decreto.
Actualmente, el salario medio mensual en Cuba asciende a 6,930 pesos cubanos, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), una cifra que equivale a menos de 14 dólares al cambio oficial y a poco más de 12 dólares en el mercado informal de divisas.
El decreto también establece que la aprobación del pago excepcional del 60 % dependerá de la decisión del jefe de cada entidad estatal, previa consulta con la organización sindical y análisis dentro de la asamblea de trabajadores.
Además, las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social serán responsables de coordinar vacantes disponibles y facilitar la reubicación laboral dentro de cada territorio.
El Ministerio de Trabajo deberá supervisar mensualmente el cumplimiento de estas medidas e informar al Consejo de Ministros sobre la evolución de los trabajadores interruptos y las acciones realizadas para reubicarlos.
La nueva regulación refleja el impacto creciente de la crisis económica sobre el empleo estatal cubano, en un escenario donde cada vez más empresas reducen operaciones mientras los salarios continúan perdiendo capacidad adquisitiva frente al costo real de la vida.
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