El presidente de El Salvador Nayib Bukele defendió públicamente la reforma constitucional que habilita la reelección indefinida en el país. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Bukele argumentó que "el 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta".
A su juicio, la crítica internacional responde a un “doble rasero” que penaliza a los países pequeños cuando ejercen soberanía política, mientras se toleran medidas similares en las grandes potencias.
La reforma, aprobada de manera expedita por la Asamblea Legislativa dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Esta medida elimina los límites de mandato presidencial y amplía el período presidencial de cinco a seis años.
Según el gobierno, estas modificaciones buscan reducir los costos electorales y aumentar la seguridad jurídica para atraer inversión y promover el desarrollo.
"Bukele sostiene que los sistemas parlamentarios con reelección indefinida no generan controversia en otros países, y que el rechazo hacia su propuesta se basa en el hecho de que proviene de una república pobre con deseos de ejercer decisiones autónomas."
En su intervención, cuestionó la reacción de la comunidad internacional ante la posibilidad de que El Salvador adoptara un sistema similar al de Reino Unido, España o Dinamarca.
La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, presentó la propuesta ante la Asamblea señalando que los ciudadanos tendrán la libertad de decidir cuánto tiempo apoyar a un mandatario en funciones. El oficialismo también justificó la sincronización de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en 2027 como una forma de optimizar el calendario electoral y generar ahorros al Estado.
Organizaciones como Cristosal denunciaron que la reforma fue aprobada “sin previo aviso, sin debate y de espaldas al pueblo”. La ONG calificó la medida como “el tiro de gracia” a la democracia salvadoreña, al eliminar contrapesos institucionales y abrir la puerta a un poder perpetuo en manos del oficialismo.
"Críticos destacan que el cambio fue facilitado por la Sala de lo Constitucional, cuyos magistrados fueron nombrados en 2021 por la legislatura dominada por Nuevas Ideas, luego de destituir a los anteriores integrantes del órgano judicial."
Desde Human Rights Watch, Juanita Goebertus advirtió que el proceso en El Salvador “sigue el camino de Venezuela”, mediante el uso de reformas constitucionales para concentrar poder.
Las próximas elecciones presidenciales están programadas para el 28 de febrero de 2027, mientras que la inscripción de candidaturas legislativas comenzará el 1 de octubre de 2026.
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