El presidente salvadoreño Nayib Bukele defendió el proceso judicial contra cientos de presuntos miembros de la MS-13, calificándolos de “terroristas” y rechazando las críticas internacionales.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha vuelto a situarse en el centro del debate internacional tras defender públicamente el juicio masivo contra 486 presuntos integrantes y líderes de la pandilla MS-13. El mandatario respondió a las críticas de organizaciones de derechos humanos y medios extranjeros con un mensaje contundente en el que calificó a los acusados como “terroristas” y rechazó la idea de que se trate de civiles comunes.
Bukele argumentó que las personas procesadas no pueden ser vistas como simples sospechosos, sino como responsables de una larga historia de violencia en el país. Según su postura, las víctimas de asesinatos, extorsiones y secuestros no los considerarían civiles, sino autores directos del sufrimiento que ha marcado a comunidades enteras durante décadas.
El proceso judicial, considerado el más grande en la historia del país, agrupa acusaciones que abarcan más de una década de delitos. Las autoridades sostienen que los imputados están vinculados a miles de hechos violentos, incluidos asesinatos múltiples y actividades de crimen organizado. Parte de los acusados participa en el juicio de manera virtual desde centros penitenciarios, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras otros son juzgados en ausencia.
Uno de los puntos más controvertidos del discurso presidencial ha sido la referencia al principio de “responsabilidad de mando”. Bukele defendió su aplicación al señalar que los líderes de organizaciones criminales deben responder por las acciones de sus subordinados, comparando el proceso con los Juicios de Núremberg celebrados tras la Segunda Guerra Mundial. Según su argumento, este principio no es nuevo, sino una herramienta jurídica ya utilizada en contextos históricos de gran gravedad.
Sin embargo, esta postura ha sido duramente cuestionada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International, que advierten sobre posibles violaciones al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa individualizada. También han señalado que los juicios colectivos pueden generar una percepción de culpabilidad generalizada.
El gobierno salvadoreño, por su parte, destaca los resultados en materia de seguridad. En los últimos años, el país ha registrado una caída histórica en los homicidios y ha mantenido periodos prolongados sin asesinatos, cifras que el Ejecutivo atribuye a su política de mano dura contra las pandillas.
El régimen de excepción vigente desde 2022 ha permitido miles de detenciones, consolidando un modelo de seguridad que, aunque celebrado por sus resultados, continúa generando preocupación en sectores que alertan sobre el impacto en las libertades civiles.
En este contexto, el discurso de Bukele refuerza su postura de confrontación con la narrativa internacional, defendiendo su estrategia como necesaria para garantizar la paz en un país que durante años estuvo marcado por la violencia de las pandillas.
Fuente: Cibercuba
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