La historia de Donna Hughes-Brown, una mujer de 58 años residente legal en Estados Unidos desde hace casi cinco décadas, ha causado indignación y sorpresa. Pese a tener tarjeta verde y una vida construida en Missouri junto a su esposo, hijos y nietos, ahora enfrenta la deportación a Irlanda por un error menor ocurrido hace diez años: un cheque sin fondos por 25 dólares.
Según informó el diario Mirror y replicaron medios locales como KMOV, Hughes-Brown fue detenida el pasado 29 de julio en el Aeropuerto O’Hare de Chicago al regresar de un viaje a Irlanda. Tras su arresto, fue trasladada a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Kentucky, donde permanece bajo custodia y recientemente fue enviada a aislamiento.
Su familia explicó a través de una página de GoFundMe que el incidente por el que está siendo procesada ocurrió en 2015, cuando como madre soltera firmó un cheque de 25 dólares sin fondos. La deuda fue pagada y el caso quedó cerrado con libertad condicional. “Esto nunca debió regresar para atormentarla de una manera tan desproporcionada y cruel”, se lee en el comunicado.
Hughes-Brown llegó a Estados Unidos con 11 años y lleva más de 37 como residente legal. En la actualidad tiene cuatro hijos y cinco nietos, y trabajaba junto a su esposo en una granja de caballos en Troy, Misuri.
El caso ha impactado a su familia, en especial a James Brown, veterano de guerra y esposo de la detenida, quien confesó a Newsweek que lamenta haber apoyado al presidente Donald Trump. “Ayudamos con suministros durante el Huracán Helene, hacemos trabajo voluntario y tenemos un hijo Marine. Este es nuestro pago. Es una locura que esto ocurra en un país por el que serví veinte años en el ejército”, declaró.
De acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, un residente permanente puede perder su derecho de reingreso dependiendo del tipo de condena previa. Aunque se mencionan delitos graves como fraude, tráfico de drogas o violencia, el caso de Hughes-Brown se relaciona con una infracción menor ya resuelta, lo que genera dudas sobre la proporcionalidad de la medida.
El 26 de agosto se le negó la libertad bajo fianza, y su audiencia de deportación está prevista para el próximo 17 de septiembre. Mientras tanto, su esposo ha señalado que las condiciones de su reclusión son “deplorables” y teme por su salud.
La historia de Hughes-Brown no es aislada. Casos similares, como el de Cliona Ward, detenida en San Francisco en abril por un cargo menor de hace 20 años, reflejan cómo viejas infracciones pueden convertirse en motivo de deportación incluso para inmigrantes legales con décadas de residencia en el país.
La familia mantiene la esperanza de que el juez desestime la deportación. “Tenemos 40 testigos de conducta que enviamos al abogado”, explicó Brown, quien insiste en que su esposa no es una criminal, sino una madre, abuela y voluntaria comprometida con su comunidad.
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