El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la arena política este jueves al reaccionar con dureza a un mensaje publicado por un grupo de legisladores demócratas veteranos, quienes recordaron a los militares su obligación de no acatar órdenes que consideren “ilegales”. Para el mandatario, esas declaraciones no solo son irresponsables, sino que constituyen un acto de sedición.

En una serie de publicaciones en Truth Social, Trump acusó a los seis congresistas de poner en riesgo la estabilidad institucional. “Esto es sedición, y no podemos normalizarlo. Sus palabras cruzan una línea peligrosa para nuestra nación”, escribió, agregando que las autoridades “deberían actuar” ante lo que definió como una amenaza directa al orden constitucional.

Los comentarios del presidente surgieron después de que los legisladores —todos con servicio previo en las Fuerzas Armadas o la comunidad de inteligencia— difundieran un video exhortando a los militares a rechazar cualquier instrucción contraria a la ley. El mensaje, según ellos, buscaba reforzar un principio básico: que ningún miembro del servicio puede, ni debe, cumplir órdenes que violen la Constitución.

Entre los firmantes del video se encuentran los senadores Elissa Slotkin y Mark Kelly, así como los representantes Jason Crow, Chrissy Houlahan, Maggie Goodlander y Chris Deluzio. En su declaración, insistieron en que la lealtad de todo militar debe estar dirigida “a la nación y a la Carta Magna, no a un individuo”.

Trump, sin embargo, interpretó la iniciativa como un intento de socavar la autoridad presidencial. En su respuesta, evocó nuevamente la gravedad de los delitos de traición y sedición, una retórica que ya había empleado en otros momentos de tensión política. Aunque no mencionó acciones legales concretas, sus palabras elevaron el tono del debate y reavivaron discusiones sobre los límites del discurso político en tiempos de polarización.

La figura de la sedición, aunque rara vez aplicada en la historia moderna de Estados Unidos, sigue formando parte del código penal federal. La conspiración sediciosa puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión, aunque la pena capital no está prevista para este delito en el ámbito civil. En la jurisdicción militar, ciertas formas de insurrección sí pueden considerarse capitales, pero su aplicación es excepcional.

La respuesta del presidente llega en un momento en que su administración ha impulsado una política más agresiva respecto a la pena de muerte. Una de sus primeras acciones al asumir su nuevo mandato este año fue restablecer formalmente la ejecución federal, suspendida durante la presidencia de Joe Biden. Este último había impuesto una moratoria y conmutado la mayoría de las sentencias del corredor de la muerte antes de dejar el cargo, una decisión que Trump criticó abiertamente.

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