El presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva que refuerza la vigilancia del sistema bancario sobre clientes migrantes, en una nueva medida dentro de su política de endurecimiento de las normas migratorias y financieras en el país.

La disposición instruye a reguladores bancarios y agencias federales a examinar con mayor atención la ciudadanía y el estatus migratorio de los clientes, con el objetivo de detectar posibles casos de personas sin estatus legal que abran cuentas, soliciten préstamos o utilicen servicios financieros como tarjetas de crédito.

Según la Casa Blanca, la medida busca reducir riesgos asociados al sistema financiero, al advertir que los bancos podrían enfrentar pérdidas si clientes sujetos a deportación no logran cumplir con sus obligaciones crediticias.

La orden, titulada “Restaurando la integridad del sistema financiero estadounidense”, no llega a imponer de forma obligatoria la verificación de ciudadanía en todos los casos, algo que había sido considerado en versiones preliminares del plan y que generó preocupación en el sector bancario por su posible impacto operativo.

En su lugar, el texto instruye al Departamento del Tesoro a emitir en un plazo de 60 días nuevas directrices para que las instituciones financieras refuercen sus protocolos de “conozca a su cliente” y evalúen señales de alerta vinculadas a actividad financiera no autorizada.

Entre esos indicadores se incluyen el uso de números de identificación fiscal individual (ITIN) en lugar de un número de Seguro Social, documentación extranjera y posibles patrones asociados a evasión de impuestos o empleo no autorizado.

La Casa Blanca argumenta que este tipo de prácticas puede estar vinculado a riesgos de seguridad nacional y a actividades financieras ilícitas transfronterizas, lo que justificaría un mayor control por parte de las entidades bancarias.

Sin embargo, analistas del sector han advertido que un incremento del escrutinio sobre clientes migrantes podría tener efectos económicos más amplios, incluyendo una posible reducción en la actividad financiera formal y un impacto en la recaudación fiscal.

Estudios citados por centros de investigación en Washington estiman que una menor participación de migrantes en el sistema tributario podría representar pérdidas significativas para el Estado en la próxima década.

Durante las últimas semanas, la administración Trump había evaluado medidas más estrictas que obligarían a los bancos a recopilar información detallada sobre la ciudadanía de sus clientes, aunque finalmente la orden firmada adoptó un enfoque menos agresivo.

Aun así, la nueva política introduce presión adicional sobre las instituciones financieras, que deberán reforzar sus controles internos para evitar riesgos crediticios asociados a posibles deportaciones o cambios en el estatus migratorio de sus clientes.

El gobierno sostiene que estas medidas buscan proteger la estabilidad del sistema bancario y reducir riesgos de fraude o actividades ilícitas, mientras continúa su estrategia de endurecimiento en materia migratoria y de seguridad interna.

Fuente: Newsweek

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