El despliegue de agentes federales y tropas de la Guardia Nacional en ciudades como Chicago, Portland y Memphis ha encendido un debate nacional sobre los límites del poder presidencial y el impacto directo en comunidades inmigrantes.

Mientras la administración Trump defiende la medida como una acción necesaria para “combatir el crimen” y “proteger instalaciones federales”, activistas, autoridades locales y familias migrantes lo ven como un acto de intimidación que pone en riesgo la confianza entre ciudadanos y las instituciones.

En Chicago, los federales caminaron por zonas turísticas y comerciales, con armas largas y uniformes tácticos, en medio de protestas contra ICE. Para muchos residentes, la imagen fue un recordatorio de que la política migratoria sigue siendo un campo de batalla donde la vida cotidiana puede convertirse en escenario de confrontación.

Manifestantes denunciaron el uso de gas lacrimógeno y balas de pimienta contra quienes protestaban pacíficamente frente a un centro de detención.

En Portland, el choque es aún más evidente: la gobernadora Tina Kotek y el fiscal general del estado demandaron al presidente Trump, alegando que el despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional viola la ley y busca crear una narrativa falsa de “ciudad en guerra”. El ambiente de militarización, advierten, solo incrementa el miedo en comunidades que ya enfrentan discriminación y persecución.

Memphis se prepara para recibir a más de 150 efectivos, aunque las autoridades locales han aclarado que no estarán armados ni harán arrestos. Sin embargo, la llegada de agentes de ICE preocupa especialmente a la población latina. Organizaciones comunitarias señalan que la presencia de estos cuerpos puede derivar en redadas indiscriminadas y en un clima de desconfianza que aleja a los inmigrantes de los servicios básicos, desde hospitales hasta escuelas.

El impacto emocional también es profundo. Para las familias migrantes, ver tropas en las calles despierta recuerdos de violencia y persecución en sus países de origen. Para líderes locales, es una amenaza a la autonomía de sus estados y ciudades. Y para los jóvenes que crecieron en Estados Unidos, es una advertencia de que sus derechos y su futuro siguen en disputa.

Más allá de la política, lo que está en juego es la sensación de seguridad y pertenencia de millones de inmigrantes que hoy sienten que el lugar que llaman hogar se ha convertido en un terreno vigilado.

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