Tras el paso del huracán Melissa, varios Consejos Populares de Guantánamo comenzaron a recibir colchones destinados a los damnificados, pero la polémica estalló rápidamente: el gobierno está vendiendo parte de esa ayuda, aun cuando se trata de bienes donados o almacenados para situaciones de emergencia.

Según informó el periódico provincial Venceremos, localidades como Sempré, Carrera Larga, Bayate, Limonar, Sabaneta y El Salvador recibieron colchones procedentes de aportes internacionales. La directora de Comercio Exterior del gobierno provincial, Daysi Sarmiento Cala, confirmó que Guantánamo solo ha recibido cuatro donaciones internacionales, muy por debajo de lo sucedido tras huracanes anteriores como Matthew u Óscar.

Esos colchones donados se distribuyeron entre los diez municipios bajo las estructuras de la Defensa Civil. Sin embargo, el panorama cambia cuando se trata de los 1.580 colchones provenientes de las reservas estatales, pues el gobierno decidió venderlos a los damnificados por 3.730 pesos cada uno, alegando “la difícil situación económica del país”.

Para quienes no puedan pagarlos, se contemplan rebajas del 50 %, 80 % o 100 %, pero solo tras evaluaciones de trabajadores sociales y la aprobación de los Consejos de Administración. En la práctica, ni siquiera las familias más vulnerables tienen asegurado recibirlos gratuitamente.

La provincia también recibió 1.600 kits de alimentos y 1.600 kits de aseo enviados por Colombia para el municipio de El Salvador, además de donativos de la fábrica Bucanero —maltas para organismos de recuperación— y de la empresa mexicana Richmeat, que aportó 25 toneladas de salchichas y aceite destinadas a Caimanera, Baracoa y Niceto Pérez.

Sarmiento indicó que todas las donaciones pasan primero por el gobierno provincial, que decide su destino final. Aunque las autoridades afirman que “se respeta la voluntad del donante”, la experiencia del país apunta a que esta centralización frecuentemente convierte la ayuda humanitaria en un mecanismo de control político.

En Santiago de Cuba, donde también comenzó la entrega de colchones para los afectados del litoral y Cayo Granma, parte de los productos se cobra a 1.430 pesos. Y pese a las declaraciones oficiales de que “nadie quedará desprotegido”, la credibilidad ciudadana está por el suelo.

Las redes sociales se llenaron de cuestionamientos directos:

—“Si son donados, ¿por qué los venden?”

—“¿Por qué otros países envían ayuda y el gobierno después se la cobra a los afectados?”

Numerosas familias denuncian que la distribución ha sido arbitraria, tardía y selectiva, y que los mecanismos barriales de control están filtrando la ayuda de forma irregular. Muchas madres aseguran haber perdido casa y colchones sin recibir ni una explicación de por qué no figuran entre los beneficiados.

El sentimiento dominante es indignación. Como resumió una internauta: “Vender a los damnificados es abusivo. Si perdieron todo, lo justo es que las donaciones se repartan sin condiciones”.

Ante el creciente descontento, Miguel Díaz-Canel pidió a los santiagueros ejercer “control popular” sobre la distribución de la ayuda, un mensaje que muchos interpretan como un intento de contener el malestar más que una voluntad genuina de transparencia.

Porque una vez más, en medio del desastre, queda al descubierto el mismo patrón: el régimen administra la solidaridad internacional como capital político mientras las familias afectadas siguen esperando socorro real.

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