Este jueves, el primer ministro Manuel Marrero Cruz apareció en Gibara, Holguín, justo en el mismo municipio donde hace dos semanas se desataron protestas contra los interminables apagones y la falta de agua. En su habitual estilo, Marrero se dedicó a recorrer instituciones y posar para la foto con las autoridades locales, mientras el malestar en las calles seguía intacto.

Como diputado por la zona, Marrero aprovechó para recorrer la planta desalinizadora de Caletones, que fue presentada como una obra de “alto impacto” para los vecinos y el campismo. Además, visitó un hogar de ancianos donde residen 46 adultos mayores, destacando la “unidad del pueblo” y la responsabilidad social de las empresas estatales.

Sin embargo, su propuesta de diversificar los servicios en el campismo para generar ingresos fue vista como un intento de tapar la crisis energética que mantiene a Gibara sumida en la oscuridad. Más tarde, se sentó en el Consejo de la Administración Municipal con dirigentes provinciales de Holguín, mientras los medios oficiales como Gibaravisión difundían su visita como una especie de hazaña.

Pero el trasfondo de la visita es mucho más tenso. El 13 de septiembre, cientos de vecinos de Gibara se manifestaron en las calles por la crisis de los apagones y la falta de agua, especialmente en la comunidad de El Güirito. La respuesta del régimen, como era de esperar, fue la represión: 27 personas detenidas, de las cuales cuatro siguen encarceladas y el resto permanece bajo estricta vigilancia policial. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificó la situación como un pueblo “bajo terror”.

Además, el proyecto Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) añadió a dos ciudadanos de Holguín a su lista negra por colaborar con la Policía Política, acusados de grabar y delatar a manifestantes en Gibara.

La visita de Marrero, lejos de calmar los ánimos, solo subraya la desconexión entre el régimen y las necesidades reales de la población, cuyo malestar sigue siendo ignorado por las autoridades, que priorizan la propaganda sobre la solución de los problemas básicos.

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