Alicia Rodríguez, después de lidiar con bajos salarios, intensas jornadas y la falta de recursos en su trabajo en el hospital, decidió dejar su puesto para unirse a Doping Pizzas, un restaurante de alta demanda en La Habana. Inicialmente, las condiciones parecían favorables: un contrato, un salario superior al estatal y la promesa de mayor libertad. Sin embargo, pronto se encontró con una realidad muy diferente. Jornadas extenuantes, sin pago por horas extras, descansos reducidos y amenazas constantes de despido marcaron su experiencia. Sin previo aviso, fue despedida por "baja productividad", sin indemnización ni explicación alguna. Su historia no es única, pero sí un reflejo de las tensiones laborales que el nuevo anteproyecto del Código de Trabajo de Cuba intenta abordar.

En plena consulta pública, este anteproyecto busca sustituir la Ley 116 de 2013, que no ha logrado adaptarse a las transformaciones económicas de Cuba, como la expansión de las mipymes y el trabajo por cuenta propia. La ley vigente se ha quedado corta para abordar la realidad de muchos cubanos, como Alicia, que hoy trabajan en el sector no estatal sin la protección de derechos fundamentales.

Una de las principales reformas del nuevo Código es su alcance, que ahora reconoce explícitamente todas las formas de relación laboral, sin importar el empleador. Esto es crucial en un país donde miles de trabajadores en el sector privado no cuentan con protección ante despidos arbitrarios ni condiciones laborales dignas. Además, se incorporan principios rectores que antes no estaban tan claramente definidos en la legislación, como el derecho al empleo digno, la igualdad de remuneración y la no discriminación, lo que permitiría exigir estos derechos en tribunales si se aplica correctamente.

El anteproyecto también introduce garantías nuevas sobre el despido. Antes, los trabajadores estatales podían ser reubicados sin garantías económicas, y en el sector privado no existía una ruta clara. Ahora, se prevé que las empresas públicas y privadas deban seguir un proceso previo de notificación y reubicación si es necesario, y que los trabajadores que no puedan ser reubicados tengan derecho a una compensación de hasta seis meses de salario.

Otras propuestas incluyen el reconocimiento del teletrabajo y el pluriempleo, con límites razonables en las horas laborales totales. La edad mínima de trabajo también se eleva de 17 a 18 años, en concordancia con los estándares internacionales, lo que representa una mejora en la protección de los adolescentes. Además, se proponen incentivos fiscales para empleadores que contraten personas con discapacidad, aunque aún no está claro cómo funcionarán estos incentivos en la práctica.

A pesar de sus avances, el anteproyecto enfrenta críticas válidas. Expertos señalan que muchas de sus garantías podrían quedarse solo en el papel sin mecanismos de control efectivos y sin una cultura institucional que priorice los derechos laborales. En Cuba, las leyes a menudo no se aplican completamente, y el escepticismo de trabajadores como Alicia es comprensible, ya que han visto cómo la legalidad no ha sido suficiente para protegerlos de la desigualdad laboral.

El nuevo Código del Trabajo tiene el potencial de ser un paso hacia una mayor justicia laboral en Cuba, pero su éxito dependerá de su implementación. Sin voluntad política, transparencia y un sistema judicial imparcial, podría convertirse en una promesa más que no se cumple, tal como sucedió con el contrato que Alicia firmó.

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