Bismar Rodríguez Pérez, considerado como uno de los mayores productores porcinos de la oriental provincia de Holguín, fue sentenciado a diez años de prisión este 14 de junio en la sala de lo penal del Tribunal de Sagua de Tánamo.

Algo que ha llamado la atención de medios de comunicación independientes porque, pese a que reside en Mayarí, “el juicio tuvo lugar el 6 de mayo en el citado municipio, a 60 km de distancia”, según reseña Diario de Cuba.

Este portal informó, además, que “el traslado del proceso no ha sido comprendido por familiares y amigos del enjuiciado, que deseaban asistir a las audiencias”.

Después de un año detenido, “incluidos varios meses en el Centro de Instrucciones de Pedernales en Holguín, en condiciones infrahumanas, finalmente tuvo lugar el juicio. La Fiscalía hizo la petición de una pena de 18 años de cárcel y quedó previsto de sentencia para el 4 de junio”.

Lo que siguió fue que el Tribunal solicitó una prórroga hasta el día 14, “cuando finalmente dictó la sentencia de diez años de reclusión con internamiento, más el decomiso de algunos bienes (un tractor y la finca con infraestructura porcina) y dinero en cuentas bancarias”, explicó DDC.

"Los delitos del joven emprendedor son muy cuestionables", comentó al sitio referido un jurista holguinero que prefirió no revelar su apellido.

"Luce más un linchamiento por enriquecimiento que un acto de justicia. En verdad alrededor de todos esos grandes negocios particulares existen muchas irregularidades, que califican de corrupción o tráfico de influencias. El problema es que la burocracia es muy pesada, con muchas trabas y regulaciones que entorpecen las gestiones y los funcionarios solo las agilizan con coimas. Se tolera, lamentablemente", argumentó.

"Lo raro es que se hayan ensañado con ese caso, porque es algo habitual y no se combate. Casualmente deciden actuar contra un emprendedor exitoso que estaba creciendo mucho. Aquí en Cuba no funciona el soborno o el cohecho como en otros países, donde el funcionario recibe una propuesta de soborno; aquí el funcionario retarda los trámites o los entorpece en espera de una coima, que generalmente solicitan utilizando a terceros que actúan como intermediarios", explicó.

"Es un negocio ilícito muy lucrativo. Son acciones donde es difícil discernir si al dar un soborno eres culpable de soborno o víctima de extorción. Es complicado", concluyó.

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