Desde el 21 de junio de este año, 2019 entró en vigor una nueva norma legislativa que permite a los ciudadanos cubanos demandar a directivos, funcionarios y empleados del Estado por daños o perjuicios, causados en el cumplimiento de las funciones propias de sus cargos.

La Instrucción 245 publicada en la Gaceta Oficial de Cuba en la mencionada fecha buscará sobre todo restituir a quienes fueron blanco de confiscación de bienes en procesos amañados.

Aquí unos fragmentos interesantes de la nueva disposición:

"...los procesos judiciales contencioso-administrativos tramitarán las demandas interpuestas por las personas a quienes se les hayan confiscado bienes de su propiedad por resolución administrativa dictada por órgano facultado."

"y cumplirán de manera irrestricta las garantías de estas [personas] para obtener, sin limitación alguna, la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos y disfrutar de un debido proceso..."

"Las salas competentes en materia administrativa darán curso a las demandas que se presenten por las personas legitimadas, a fin de obtener la reparación por los daños materiales y morales e indemnización por los perjuicios que reciban, por un actuar indebido en cumplimiento de sus deberes funcionales por directivos, funcionarios y empleados del Estado".

Aquí el documento Gaceta Oficial de Cuba

Histórica Instrucción No. 245/ 2019 del @TSupremoCuba que desarrolla el derecho ciudadano a demandar a directivos, funcionarios y empleados del Estado por daños o perjuicios, causados indebidamente, en el cumplimiento de las funciones propias de sus cargos. #Cuba #VamosPorMas pic.twitter.com/pnMN7zn31I

— Raúl Palmero 🇨🇺 (@rpalmero1) June 28, 2019

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