Tras el examen de casi tres millones de solicitudes vinculadas al programa de parole humanitario, el gobierno de Estados Unidos ha presentado nuevas pruebas que revelan un esquema de fraude a gran escala.

Esta información fue dada a conocer en el marco de un juicio en curso, reportado por el periodista Daniel Benítez para Periódico Cubano. Las pruebas apuntan a manipulaciones sistemáticas en miles de aplicaciones, especialmente a través del formulario I-134, utilizado por patrocinadores de ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.

Entre enero de 2023 y abril de 2024 se procesaron más de 2.6 millones de solicitudes, con una media mensual que superó ampliamente el límite operativo de 30.000. Solo en febrero de 2023 se registraron cerca de 400.000 aplicaciones.

En general, 528.939 fueron ingresadas formalmente, pero más de 118.000 quedaron sin procesar y más de 1.9 millones permanecen pendientes de revisión. Este colapso no solo refleja la magnitud del interés en el programa, sino también el impacto que tuvo el fraude en el sistema de evaluación y respuesta.

El fraude fue detectado en distintos niveles, comenzando por las direcciones IP desde las cuales se enviaron grandes cantidades de solicitudes. En Tijuana, México, por ejemplo, se generaron 1.328 aplicaciones desde un solo punto de origen. En ciudades como Houston, Las Vegas y Miami, también se identificaron irregularidades similares. Uno de los casos más alarmantes fue el de un patrocinador que utilizó su número de seguro social para apoyar a 363 personas distintas.

Las autoridades no han confirmado si los implicados en estos fraudes enfrentarán cargos penales, pero dejaron claro que las investigaciones siguen abiertas. La magnitud del fraude afecta no solo al sistema, sino también a miles de personas que esperaban una respuesta legítima para reunirse con sus familias o comenzar una nueva vida en territorio estadounidense.

Uno de los elementos más sensibles revelados en el juicio ha sido el estatus de los cubanos beneficiados por el parole. Hasta la fecha, más de 56.000 se encuentran en espera de su residencia permanente, un proceso que podría verse afectado por las irregularidades detectadas.

La administración estadounidense, aunque cerró el programa durante la presidencia de Donald Trump, sigue evaluando el alcance de los daños y ha reiterado su compromiso con la legalidad del sistema migratorio.



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