El equipo del presidente electo, Donald Trump, está evaluando medidas para castigar a las llamadas "ciudades santuario", aquellas gobernadas principalmente por demócratas, que se han opuesto a colaborar con las autoridades federales en la ejecución de deportaciones masivas.
Según un informe de The Washington Post, los asesores de Trump están discutiendo la posibilidad de retirarles recursos federales a aquellas ciudades que no cooperen en las deportaciones masivas, como parte de un esfuerzo por cumplir con una de las promesas más significativas de su campaña: terminar con la "crisis de inmigración ilegal".
Tom Homan, quien se desempeñará como zar fronterizo en la administración de Trump, ha sido claro sobre sus intenciones. Durante una visita a la frontera sur, Homan declaró: "Va a haber una deportación masiva", y destacó que está dispuesto a tomar acciones drásticas contra aquellos que se interpongan en el camino, como el alcalde de Denver, Mike Johnston, quien se ha mostrado públicamente en contra de las políticas de deportación del presidente electo.
"Voy a meter en la cárcel al alcalde de Denver", dijo Homan en una entrevista, subrayando que las leyes de inmigración, como el Título 8 del Código de los Estados Unidos, permiten procesar por delitos graves a quienes alojen o ayuden a ocultar a inmigrantes ilegales.
El alcalde Johnston, por su parte, ha defendido su postura en favor de los inmigrantes, indicando que está dispuesto a enfrentar consecuencias legales antes que permitir deportaciones masivas en su ciudad.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, también ha intensificado su retórica contra quienes se oponen a las políticas migratorias. Recientemente, arremetió contra un médico de Houston que había aconsejado a sus pacientes no responder preguntas sobre su estatus migratorio. Abbott advirtió que, de no cumplir con las ordenes federales, el hospital podría perder la financiación de Medicaid y Medicare.
En un intento por frenar la inmigración ilegal, Trump también ha comenzado a presionar a México y Canadá mediante aranceles comerciales. El presidente electo amenazó con imponer un impuesto del 25% sobre productos que ingresen desde ambos países, además de un arancel adicional del 10% a los productos provenientes de China. Estas medidas se implementarán hasta que los gobiernos de estos países aseguren el control de sus fronteras y frenen el flujo de inmigrantes ilegales y drogas, como el fentanilo.
En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha advertido que los aranceles de Trump podrían generar inflación y pérdida de empleos en ambos países, lo que complicaría aún más las relaciones comerciales. Mientras tanto, Canadá también ha mostrado su preocupación por las amenazas de aranceles y ha convocado una sesión de emergencia en su Parlamento.
Con estas amenazas y medidas, Trump busca ejercer presión para cumplir su agenda de inmigración, mientras que los gobiernos locales y extranjeros intentan reaccionar ante lo que muchos ven como una política agresiva que podría tener repercusiones económicas y sociales a gran escala.
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