Un antiguo oficial de la Seguridad del Estado cubana que vivía en Estados Unidos desde 2023, se autodeportó recientemente a Cuba junto a su esposa, tras el endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la administración de Donald Trump.
Se trata de Eduardo Velázquez Infante, conocido entre los opositores del régimen como el “mayor Eduardo”, un exfuncionario del Ministerio del Interior (MININT) de la provincia de Las Tunas. La información fue compartida por la página de Facebook La Tijera, un perfil dedicado a denunciar abusos y complicidades vinculadas al régimen cubano.
Velázquez Infante, de 59 años y natural de Puerto Padre, arribó a Estados Unidos el 20 de marzo de 2023 por el Aeropuerto Internacional de Miami y tomó un vuelo hacia Arizona, según precisa la denuncia. Ingresó al país beneficiado por el programa de parole humanitario, gracias a una reclamación hecha por su hermana, a quien La Tijera también señala como cómplice del castrismo por facilitar la entrada de un represor al territorio estadounidense.
Durante dos años, Velázquez Infante residió en EE.UU., a pesar de su historial como agente de la policía política en Cuba. Inició su carrera como funcionario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en el municipio Amancio Rodríguez —antiguamente conocido como central Francisco— y más tarde se incorporó al MININT como oficial operativo de la unidad de enfrentamiento de la Seguridad del Estado en Las Tunas, alrededor de 1991.
El ahora retornado represor es ampliamente recordado por su participación en la vigilancia, hostigamiento y represión contra activistas, opositores y ciudadanos críticos del sistema, según relatan residentes y exiliados tuneros. Su figura simboliza el control y la intimidación que durante décadas ha ejercido el aparato de inteligencia del régimen cubano en las provincias del oriente del país.
Su decisión de regresar voluntariamente a Cuba, aún sin que exista una orden pública de deportación en su contra, ocurre en un contexto de creciente escrutinio en Estados Unidos hacia exfuncionarios del régimen que han ingresado al país bajo figuras migratorias humanitarias o de reunificación familiar.
El caso de Velázquez Infante ha reabierto el debate sobre cómo algunos represores y exfuncionarios del castrismo han logrado asentarse en EE.UU., beneficiándose de políticas creadas para proteger a perseguidos políticos, no a sus perseguidores.