En un contexto marcado por el deterioro acelerado de la situación económica, social y energética en Cuba, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) han intensificado acciones represivas contra vendedores ambulantes en las calles de Santiago de Cuba, una práctica que ha generado fuertes reacciones de indignación en redes sociales.
Imágenes difundidas recientemente muestran a policías decomisando mercancías y deteniendo a trabajadores informales que intentaban subsistir mediante la venta callejera. Los videos reflejan escenas de forcejeos y arrestos que muchos usuarios califican como desproporcionados, especialmente en un país donde el sector informal se ha convertido en una vía de supervivencia para miles de familias.
Las reacciones no se hicieron esperar. En los comentarios a las publicaciones, numerosos cubanos expresaron su rechazo a este tipo de operativos. “Para eso sí tienen recursos; no falta mucho para que el pueblo se llene de coraje y esos mismos abusivos salgan corriendo”, escribió un internauta identificado como Edgar. Otro usuario, Alejandro Rodríguez, cuestionó la legitimidad de los decomisos: “Le quitan lo poco que venden en la calle, como si el Gobierno garantizara el abastecimiento. Por eso estamos como estamos”.
Estas acciones ocurren mientras la crisis estructural del país se profundiza, agravada por factores externos. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional relacionada con Cuba, al considerar que las acciones del régimen representan una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
La medida contempla la imposición de aranceles adicionales a productos provenientes de países que suministren petróleo a la Isla, con el objetivo de aumentar la presión económica sobre el Gobierno cubano. Ante este escenario, Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de medidas de austeridad que evocan la llamada “Opción Cero” de los años noventa, apelando nuevamente al sacrificio popular y descartando cualquier alternativa que implique cambios estructurales.
Las consecuencias ya son visibles: paralización parcial del transporte urbano en La Habana, suspensión de clases presenciales en universidades y ajustes drásticos en instituciones como la Universidad de La Habana, que trasladó varios programas a modalidades semipresenciales por falta de combustible.
Mientras las condiciones de vida continúan deteriorándose, crece el temor a un nuevo estallido social, similar al del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para exigir derechos, libertades y un cambio profundo en el rumbo del país.
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