En medio del colapso energético que mantiene a Cuba atrapada en apagones prolongados y con un déficit crónico de combustible, el Gobierno anunció un paquete de medidas que, lejos de ofrecer una solución estructural, confirma un giro preocupante: la electricidad comienza a tratarse como un bien negociable y no como un servicio básico garantizado por el Estado.
Durante una intervención en la Mesa Redonda, el viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, reconoció el “desabastecimiento agudo de combustible” y presentó alternativas que incluyen el acceso de trabajadores a módulos solares y la posibilidad de que personas naturales y entidades que generen electricidad con fuentes renovables puedan venderla, no solo a la Unión Eléctrica, sino también a terceros.
La medida, presentada como un incentivo para expandir el uso de energías renovables, marca un cambio significativo: empresas, instituciones o actores con mayor capacidad financiera podrán comprar electricidad a quienes tengan medios para producirla. En la práctica, se abre un mercado energético informal dentro de un país donde la mayoría sobrevive con salarios estatales insuficientes para adquirir paneles solares, baterías o sistemas de respaldo.
Mientras el discurso oficial intenta mostrar modernización y eficiencia, la realidad cotidiana contradice el relato. Miles de familias pasan noches enteras sin luz, pierden alimentos por falta de refrigeración, carecen de agua por la paralización de bombas eléctricas y viven en comunidades prácticamente detenidas por los apagones.
Aunque Pérez-Oliva Fraga admitió “deficiencias internas” y afirmó no escudarse únicamente en el embargo estadounidense, volvió a apelar a la opacidad habitual al asegurar que existen aspectos que no pueden explicarse públicamente por razones de “vigilancia externa”. El resultado es el mismo de siempre: falta de información, ausencia de rendición de cuentas y decisiones tomadas sin debate público.
El mensaje de fondo es claro. El Estado reconoce que ya no puede garantizar el suministro eléctrico y traslada la responsabilidad al individuo y al mercado, mientras conserva el control político sobre quién accede a las supuestas “facilidades”. En la Cuba del apagón permanente, la electricidad deja de ser un derecho y comienza a convertirse en un privilegio administrado en medio de la escasez.
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