Otro hecho descomunal en contra de los derechos humanos en la Isla lo protagoniza por estos días la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, que solicita ¡12 años de privación de libertad! para la tunera Ana Ibis Tristá Padilla, imputada por incitar marchas y poner carteles contra el régimen.
De acuerdo con Martí Noticias, en esta misma causa se procesa a Félix Daniel Pérez Ruiz, joven de 22 años, para quien el fiscal pide siete años de prisión; a Christian de Jesús Peña Aguilera, otro joven de 21, una condena de cinco; y a Jarol Varona Agüero, de 49 años, que enfrenta una década de posible sentencia. Todos están inculpados por delitos de propaganda contra el orden constitucional y la Seguridad del Estado.
Las cuatro personas encausadas tienen domicilio en la capital tunera, pero el proceso penal lo lleva a cabo el órgano fiscal de Santiago de Cuba debido a que solo en esa ciudad y en La Habana están instituidas las salas de los Delitos contra la Seguridad del Estado.
Tristá Padilla, cuyo juicio está previsto para el próximo 18 de octubre en el recinto del Tribunal Provincial de Las Tunas, dijo a Martí Noticias: “Me detuvieron el 7 de noviembre y lo primero que se me dijo fue que me detenían por tener el control de las personas que ponían carteles aquí en Las Tunas. También, que me dedicaba a convocar al pueblo a marchas en el centro del pueblo, a que la gente fuera con ropa blanca”.
La activista, actualmente bajo la medida cautelar de libertad bajo fianza, opinó que este proceso es "un fuerte castigo para que los cubanos vean que aquí ellos son los que mandan; pero sigo pensando con la misma convicción, al igual que mi esposo del cual estoy orgullosa, al igual que él de mí”, dijo la mujer acerca de Damián Hechavarría, un cuentapropista sancionado a siete años por protestar en la ciudad de Las Tunas contra las arbitrariedades de los inspectores estatales el 21 de abril de 2021.
Los activistas Taimir García Meriño y Adrián Góngora también fueron condenados por esa protesta en la que meses antes del 11J se escucharon gritos de "Abajo la dictadura", "Basta ya de dictadura", y "¡Patria y Vida!”.
En el nuevo caso, el ministerio fiscal asegura que los involucrados convocaron una manifestación para el 14 de mayo de 2023 en el Parque Vicente García de Las Tunas, “a sabiendas de que atentaría contra el orden social y la tranquilidad ciudadana del territorio”. De igual modo, afirma que los implicados mantenían relaciones con grupos y personas terroristas asentados en el extranjero.
“Esto es una manera más de aplastar, de avasallar al cubano que piensa diferente, al cubano que quiere ser libre. Una jugada sucia, a la que ellos están acostumbrados. Pero no me van a amedrentar ni a callar, al contrario, me da más fuerza, más valor, más firmeza. Voy con mi verdad”, afirmó la joven de 34 años.
La fiscalía reconoce que la acción no llegó a realizarse porque fue impedida por la Contrainteligencia que “tuvo conocimiento” de ella, presuntamente por ser una demostración convocada en las redes sociales. En la red social Facebook, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la arbitrariedad, al mencionar que una condena a Ana Ibis Tristá Padilla, además de injusta, representaría más sufrimiento y dolor para esta familia.
“Estos procesos ejemplarizantes, con peticiones fiscales que superan los diez años de prisión, lo que buscan es atemorizar, sembrar el terror en la población para que nadie discrepe, nadie denuncie la situación que se está viviendo y todo ello hay que verlo en el contexto de agravamiento peligroso del hostigamiento y la represión en contra de activistas políticos, de la sociedad civil y también de periodistas independientes”, indicó a Martí Noticias Yaxis Cires, Director de Estrategias del OCDH.
Hace unos días, un tribunal cubano rechazó la apelación de cinco manifestantes de Caimanera, Guantánamo, quienes fueron condenados a penas de entre dos y ocho años de prisión por su participación en las protestas de 2023. De acuerdo con la agencia EFE, las desestimaciones confirmadas el martes se suman a una larga lista decididas por el régimen luego de las manifestaciones que han sacudido al país en los últimos años.
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