El Comité de Derechos Humanos de la ONU anunció la apertura de una investigación formal sobre las irregularidades en las elecciones del 28 de julio en Venezuela. La denuncia fue presentada por IHR Legal, firma internacional especializada en derechos humanos, y alega graves violaciones que afectan a millones de ciudadanos.
Como medida inicial, el Comité ordenó la conservación de materiales electorales clave, como actas de escrutinio y documentos de totalización, para garantizar una revisión exhaustiva.
Entre las principales acusaciones se encuentran:
1. Fraude electoral masivo, con resultados manipulados que alteraron la voluntad popular.
2. Falta de transparencia, al no publicar documentos esenciales del proceso electoral.
3. Restricción al voto en el exterior, dejando sin acceso a millones de venezolanos fuera del país.
4. Obstrucción al control ciudadano, al negar supervisión del proceso.
5. Supresión de acceso a la justicia, impidiendo la impugnación de resultados a través de medidas legales.
Esta investigación es considerada un caso pionero, al enfocarse en los derechos políticos de ciudadanos comunes afectados por el presunto fraude electoral.
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