Fiscales generales de más de 20 estados liderados por demócratas han presentado demandas legales contra la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que busca poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
Las primeras acciones legales se registraron este martes en tribunales de Massachussets y Washington, encabezadas por procuradores de estados como California, Colorado, Michigan, Nuevo México, Carolina del Norte y Wisconsin, además de representantes de ciudades como San Francisco. Ambas demandas coinciden en que la medida del expresidente representa un intento de modificar unilateralmente la Enmienda 14 de la Constitución, algo que, según ellos, excede sus poderes ejecutivos.
La Enmienda 14, en vigor durante más de 150 años, establece: "Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de Estados Unidos y del estado en el que resida". Las demandas argumentan que este principio constitucional garantiza automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, incluso si los padres no tienen estatus migratorio regular, salvo en casos como hijos de diplomáticos extranjeros.
Los procuradores señalaron que la Corte Suprema ya ha respaldado este principio en decisiones previas y que la orden de Trump representa un intento inconstitucional de reescribir una enmienda fundamental. "El presidente no tiene autoridad para anular o reinterpretar unilateralmente una enmienda constitucional ni para restringir el acceso a la ciudadanía", afirman los documentos legales presentados.
Esta batalla judicial marca el inicio de una disputa que podría llegar al Tribunal Supremo, donde se decidirá si un presidente puede alterar el significado histórico y jurídico de una enmienda constitucional a través de una orden ejecutiva. Mientras tanto, los estados demandantes sostienen que la ciudadanía por nacimiento es un derecho fundamental que debe protegerse de cualquier intento de limitación arbitraria.