Una investigación federal en Estados Unidos pone el foco en un cargamento de combustible que habría tenido como destino final Cuba, en una operación que ahora es examinada por posibles violaciones a las sanciones impuestas contra la isla.
El caso gira en torno al buque Ocean Mariner, que zarpó desde Colombia a inicios de febrero de 2026 transportando combustible. Aunque la documentación oficial declaraba como destino la República Dominicana, autoridades estadounidenses detectaron un presunto desvío con rumbo a Cuba, lo que activó una alerta y derivó en la intervención de la Guardia Costera.
Según reportes, la operación superaría los 6,9 millones de dólares e involucraría la presunta exportación de diésel subsidiado, que habría sido declarado como fueloil. Tras el incidente y el cambio de ruta, el cargamento terminó descargándose en Bahamas, donde fue vendido a la multinacional Trafigura Group.
La investigación no solo examina el posible contrabando del combustible, sino también si existió intención de evadir las sanciones estadounidenses vigentes contra Cuba, reforzadas durante la administración de Donald Trump.
De acuerdo con información publicada por el diario colombiano El Tiempo, en la negociación participaron al menos tres compañías: ISM Ingeniería Servicios, Montaje, Estaciones de Servicios SAS (vendedora), Monarch Security Latin America Inc. (intermediaria) y Trafigura Group (compradora). Una cuarta empresa habría intervenido, aunque su identidad no ha sido revelada.
Antes de la partida del buque, la operación fue inspeccionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y un funcionario de Ecopetrol. Sin embargo, Washington ya seguía de cerca los movimientos del Ocean Mariner debido a antecedentes relacionados con envíos de ayuda humanitaria desde México hacia Cuba, considerados sensibles dentro del marco de sanciones.
La advertencia clave provino de un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien notificó a autoridades colombianas la sospecha de que el cargamento podría consistir en diésel subsidiado de contrabando con posible destino a la isla.
En medio de la polémica surgió el nombre de Felipe de la Vega Vergara, señalado como posible intermediario. El empresario negó cualquier participación en la venta bajo sospecha y aseguró que no ha trabajado con países o productos sancionados.
Su nombre también ha sido vinculado en el pasado con la empresa Trenaco SAS, compañía que años atrás estuvo bajo la lupa cuando Alex Saab mostró interés en ella, en momentos en que Saab ya era investigado por Estados Unidos por su presunta cercanía con el gobierno de Nicolas Maduro.
Aunque hasta ahora no hay acusaciones formales, el expediente continúa bajo revisión del FBI como parte del escrutinio a operaciones que pudieran estar destinadas a abastecer a Cuba sorteando las restricciones internacionales.
Fuente: Infobae
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