La República Checa ha dado un paso histórico al aprobar una reforma del Código Penal que criminaliza la promoción de la ideología comunista, equiparándola legalmente con la propaganda nazi. El presidente checo, Petr Pavel, firmó este jueves la enmienda que permitirá sancionar con hasta cinco años de prisión a quienes impulsen movimientos que atenten contra los derechos humanos o inciten al odio.
La nueva legislación prohíbe explícitamente la promoción de ideologías, como el comunismo o el nazismo, cuyo objetivo demostrable sea suprimir libertades fundamentales o fomentar el odio racial, étnico, religioso, nacional o de clase. También prohíbe el uso público de símbolos asociados, como banderas comunistas o cintas de San Jorge, ampliamente utilizadas por simpatizantes del presidente ruso Vladimir Putin.
El cambio normativo llega tras años de presión por parte de instituciones como el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, que había advertido sobre un “desequilibrio jurídico” en la forma en que se trataba el pasado totalitario del país. Según esta institución, mientras que el castigo a la propaganda nazi estaba bien establecido, el comunismo no recibía un tratamiento legal equivalente, a pesar de los crímenes cometidos bajo ese régimen durante décadas de dominación soviética.
La decisión ha generado reacciones inmediatas, en particular del Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM), principal representante del comunismo en el país. La formación, liderada por la eurodiputada Kateřina Konečná y actualmente parte de una alianza electoral llamada Stačilo ("Basta"), denunció la reforma como una maniobra política para marginarlos.
“Se trata de otro intento de empujar al KSČM fuera de la legalidad e intimidar a los críticos del régimen actual”, señalaron en un comunicado. La agrupación, que perdió representación parlamentaria en los últimos comicios, podría volver a la Cámara Baja en las elecciones de octubre, ya que las encuestas le otorgan un 5% de apoyo, el mínimo necesario para obtener escaños.
El partido también acusó al gobierno de usar la legislación como una herramienta para silenciar la oposición. “Rechazamos enérgicamente esta enmienda. Es discriminatoria y busca complacer a ciertos sectores electorales mediante la criminalización de la disidencia”, agregaron, defendiendo que, a pesar de las presiones, el KSČM sigue siendo una de las principales fuerzas políticas a nivel local y regional, además de estar representado en el Parlamento Europeo.
Aún no está claro cómo se aplicará la nueva ley a partidos políticos existentes como el KSČM. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre posibles investigaciones o sanciones inmediatas. Sin embargo, la aprobación de esta reforma marca un punto de inflexión en la manera en que Chequia enfrenta su pasado comunista, posicionándose como uno de los pocos países europeos que penaliza legalmente tanto la propaganda nazi como la comunista.
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