Ante las recientes redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Florida, la licencia de conducir emitida por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) constituye un documento clave para demostrar un estatus migratorio legal.
Dicho departamento solo otorga licencias a migrantes con estatus legal en Estados Unidos, lo que hace que este documento sea útil en encuentros con agentes del ICE en Miami y otras ciudades del estado.
Sin embargo, debido a nuevas medidas impulsadas por el presidente Donald Trump, portar únicamente la licencia de conducir podría no ser suficiente. Es recomendable llevar otros documentos que certifiquen la estancia legal, como la tarjeta de residencia permanente (Formulario I-551), el sello I-551 en el pasaporte o en el Formulario I-94, órdenes judiciales que otorguen asilo, o el Formulario I-797 que indique el estatus de refugiado.
Otros documentos válidos incluyen el certificado de ciudadanía (Formulario N-600), el Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (Formulario FS-240), el Documento de Autorización de Empleo (EAD), o un pasaporte extranjero acompañado del Formulario I-94 y una visa de inmigrante válida.
Además, la ley HB 1451, promovida por el gobernador Ron DeSantis, prohíbe que condados y municipios de Florida acepten licencias de conducir emitidas por otros estados que otorguen estos documentos a migrantes indocumentados, como Illinois y California. Esta normativa refuerza la política migratoria restrictiva en el estado.
La Patrulla de Carreteras de Florida también tiene autorización para detener, interrogar y arrestar a personas sospechosas de tener una estancia irregular. Los agentes pueden incluso entregar a los migrantes detenidos al ICE para su procesamiento. Además, estas autoridades están facultadas para intervenir en casos de migrantes que lleguen a Florida por vía marítima.
Estas medidas se implementan gracias a un acuerdo entre el gobierno estatal y el Departamento de Seguridad Nacional , sin necesidad de la aprobación del Congreso estatal, lo que ha generado mayor preocupación en la comunidad migrante.