La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York planteó que el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por presuntos delitos de narcoterrorismo y narcotráfico comience en junio de 2027. La propuesta fue presentada de forma conjunta con la defensa y deberá ser evaluada por el juez Alvin Hellerstein.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó al tribunal federal que el proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, inicie en junio de 2027. La petición forma parte del calendario procesal acordado entre las partes y aún requiere la aprobación del juez Alvin Hellerstein, encargado del caso.
La propuesta fue presentada mientras continúa la etapa preparatoria del proceso. La audiencia prevista para esta semana tuvo como finalidad revisar el avance del expediente, el intercambio de pruebas entre la acusación y la defensa, así como definir los plazos para la presentación de recursos antes del juicio oral.
De acuerdo con el cronograma planteado, la defensa expondrá sus primeras mociones en septiembre de 2026. Posteriormente, la Fiscalía prevé entregar gran parte del material clasificado en noviembre de ese mismo año, mientras que las solicitudes adicionales y otros recursos legales se resolverían durante los primeros meses de 2027.
Maduro enfrenta acusaciones por conspiración para narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con armas de guerra, cargos que contemplan penas de hasta cadena perpetua.
Flores también enfrenta imputaciones vinculadas al presunto tráfico de drogas y posesión de armamento. Ambos se declararon no culpables durante su primera comparecencia judicial.
Los abogados defensores buscan que el caso sea desestimado al sostener que Maduro goza de inmunidad como jefe de Estado y al cuestionar la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y la legalidad de su captura. Asimismo, citan el tratado bilateral de extradición firmado entre Estados Unidos y Venezuela en 1922 como uno de los argumentos centrales de su estrategia jurídica.
El caso se desarrolla en un escenario marcado por las relaciones entre Washington y Caracas, mientras continúan las actuaciones judiciales y diplomáticas relacionadas con el proceso.