El gobierno del presidente Donald Trump podría estar a punto de reactivar una política migratoria que impondría severas sanciones económicas a los inmigrantes con órdenes de deportación que decidan permanecer en Estados Unidos.
Esta medida podría traducirse en multas de hasta $998 diarios, incluso aplicadas de manera retroactiva, lo que generaría una deuda que podría superar los $1.8 millones de dólares para aquellos que no hayan cumplido con su deportación desde 2020.
La política no se limitaría solo a sanciones económicas: aquellos que no puedan cubrir las multas enfrentan la posibilidad de que sus bienes personales sean confiscados, como parte de un proceso de cobro impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Se estima que alrededor de 1.4 millones de inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación podrían verse afectados por esta medida.
A pesar de que la ley que respalda esta política fue introducida en 1996 y aplicada por primera vez durante la administración de Trump en 2018, su reactivación ha generado gran preocupación y confusión.
Según reportes de Telemundo Chicago, la implementación del plan podría enfrentarse a obstáculos logísticos significativos, como la necesidad de al menos 1,000 auxiliares judiciales adicionales, cuando actualmente solo hay 300 disponibles.
Ante esta amenaza, los abogados especializados en inmigración aconsejan a los afectados que busquen asesoría legal antes de tomar decisiones impulsivas que puedan empeorar su situación.
Avelino González, abogado de inmigración, señaló: "No puedo aconsejarles que saquen su dinero del banco o vendan sus casas, ya que eso sería ilegal. Lo mejor es buscar un abogado y tratar de regularizar su situación, porque si ya tienen una orden final de deportación, su estancia en el país podría verse seriamente comprometida".
La incertidumbre sobre la ejecución de estas políticas ha puesto en alerta a la comunidad inmigrante, que teme las consecuencias financieras y legales de no poder cumplir con las nuevas medidas.