En la ciudad de Bayamo, un hecho provoca profunda indignación entre quienes siguen de cerca la situación de los derechos civiles en Cuba. Funcionarios del área conocida como “Atención a Menores” citaron a Eliannis Villavicencio para comunicarle que sus hijas no deben continuar publicando en redes sociales mensajes en los que piden la liberación de su padre. El motivo: esas expresiones resultan incómodas para las autoridades.
El padre de las niñas es Alexander Verdecia, condenado a siete años de prisión por manifestar públicamente sus opiniones. Desde el pasado 2 de febrero, fecha de su última comunicación telefónica, no se tiene información sobre su paradero ni sobre su estado de salud. La familia asegura no haber recibido explicaciones oficiales, lo que ha incrementado la angustia y la incertidumbre.
En medio de esa situación, las menores utilizaron las redes sociales para expresar algo sencillo y profundamente humano: el deseo de que su padre regrese a casa. Sin embargo, en lugar de recibir comprensión ante el dolor evidente de una familia separada, la respuesta institucional fue una advertencia. Según la denuncia, las autoridades señalaron que ese tipo de publicaciones no deben repetirse.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los límites entre la protección de la infancia y el control de la expresión pública. Diversas voces consideran que impedir que dos niñas expresen su anhelo familiar no puede justificarse como una medida de cuidado. Más bien, interpretan la acción como un intento de frenar cualquier manifestación que exponga la situación del padre.
La desaparición temporal de información sobre un recluso, sumada a la advertencia dirigida a sus hijas, ha intensificado la preocupación. Familiares y allegados insisten en que la prioridad debería ser esclarecer el estado y la ubicación de Alexander Verdecia, garantizando su integridad y el derecho de la familia a estar informada.
El episodio reabre el debate sobre el tratamiento a los familiares de personas encarceladas por motivos políticos y el papel de las instituciones encargadas de velar por los menores. Para muchos observadores, cuando el dolor de unas niñas se convierte en objeto de advertencia oficial, la discusión trasciende lo legal y entra en el terreno ético.
Mientras tanto, la familia continúa esperando noticias. Y las preguntas persisten: ¿puede considerarse una amenaza la voz de dos hijas que piden ver a su padre libre? ¿O es, simplemente, la expresión legítima de un vínculo que ninguna medida administrativa debería intentar silenciar?
Del perfil de Alexander Jesús Figueredo Izaguirre
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