La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su estrategia legal para retirar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas, en una ofensiva que apunta a ciudadanos nacidos en el extranjero acusados de fraude migratorio, delitos graves e incluso vínculos con organizaciones terroristas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de aproximadamente una docena de casos de desnaturalización en tribunales federales de todo el país, una medida que marca un incremento significativo en el uso de esta figura legal, históricamente poco frecuente.
Según el gobierno, los casos incluyen personas originarias de países como Colombia, Somalia, Marruecos, India, Nigeria, Irak, Kenia, China, Bolivia y otros, a quienes se les acusa de haber obtenido la ciudadanía mediante engaños o de haber cometido delitos posteriores de extrema gravedad.
Entre los señalados figuran un sacerdote colombiano condenado por abuso sexual, un ciudadano somalí vinculado a un grupo terrorista, un hombre con presuntos nexos con Al Qaeda y un exagente policial acusado de crímenes de guerra en Gambia. También se incluyen casos de fraude migratorio mediante identidades falsas y matrimonios simulados.
El Departamento de Justicia sostiene que la ley permite revocar la ciudadanía cuando se demuestra que fue obtenida de forma ilegal o mediante ocultamiento deliberado de información durante el proceso de naturalización.
El procedimiento implica demandas civiles o penales ante tribunales federales, donde el gobierno debe probar que la ciudadanía fue adquirida fraudulentamente. De prosperar los casos, las personas afectadas perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense y podrían ser deportadas a sus países de origen.
Este tipo de acciones, aunque legales, han sido utilizadas de manera limitada en décadas anteriores. Entre 1990 y 2017, se registraron poco más de 300 casos de desnaturalización, lo que representa un promedio de apenas 11 por año, muy por debajo del ritmo actual impulsado por la administración Trump.
En un comunicado paralelo, el Departamento de Justicia también confirmó que busca revocar la ciudadanía del exdiplomático Manuel Rocha, acusado de actuar como agente encubierto del gobierno cubano durante décadas.
El fiscal general interino Todd Blanche defendió la iniciativa en declaraciones a CBS News, afirmando que existen “personas que son ciudadanas y no deberían serlo” y que el objetivo es identificar casos de fraude dentro del sistema migratorio.
Blanche aseguró además que solo una pequeña parte de los aproximadamente 24 millones de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos debería estar preocupada por estas medidas, insistiendo en que quienes no cometieron fraude no enfrentan riesgos.
“Cometer fraude para obtener la ciudadanía tiene consecuencias graves”, afirmó el funcionario, subrayando que la administración busca “desincentivar el abuso del sistema migratorio”.
La expansión de esta política marca un endurecimiento notable en la aplicación de leyes migratorias en Estados Unidos y abre un nuevo frente legal para miles de ciudadanos naturalizados bajo escrutinio federal.
Fuente: CBC News
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