El régimen de la Habana volvió a lanzar fuertes acusaciones contra Estados Unidos tras el anuncio de nuevas medidas económicas que, según el gobierno cubano, profundizan el impacto del prolongado sistema de sanciones contra la isla.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó “enérgicamente” la Orden Ejecutiva firmada por la Casa Blanca el pasado 1 de mayo de 2026, la cual endurece las restricciones comerciales, financieras y económicas ya existentes sobre el país. Asimismo, condenó una decisión del Departamento del Tesoro estadounidense que incorpora a entidades cubanas como GAESA y Moa Nickel S.A. a listas de sanciones especiales.
Según la versión oficial del gobierno cubano, estas medidas representan una “agresión económica” destinada a limitar aún más el acceso de la isla a mercados internacionales, sistemas bancarios y cadenas de suministro globales. Sin embargo, analistas independientes señalan que estas declaraciones forman parte del discurso habitual del aparato estatal cubano para responsabilizar a factores externos de la profunda crisis interna que atraviesa el país.
El comunicado del Ministerio de Exteriores sostiene que las sanciones podrían generar efectos secundarios sobre empresas y bancos extranjeros que mantengan vínculos comerciales con Cuba, lo que, según La Habana, constituye una violación del derecho internacional y del libre comercio. El gobierno cubano también acusa a Washington de intentar forzar un aislamiento internacional de la isla mediante presiones diplomáticas y financieras.
No obstante, desde sectores críticos al régimen cubano se recuerda que la economía nacional ya se encuentra en una situación extremadamente vulnerable, marcada por la escasez de alimentos, medicamentos, combustible y una inflación creciente, factores que han provocado un deterioro sostenido del nivel de vida de la población.
El gobierno cubano insiste en presentar el llamado “bloqueo” como la causa principal de todos los problemas económicos del país, mientras evita mencionar las consecuencias de décadas de un modelo centralizado, ineficiente y fuertemente controlado por el Estado, que ha limitado la producción nacional y la inversión extranjera.
En su declaración, La Habana calificó las nuevas sanciones como parte de una supuesta estrategia para “rendir por hambre” al pueblo cubano y generar una crisis humanitaria. Sin embargo, estas afirmaciones son rechazadas por sectores opositores y observadores internacionales, quienes consideran que el discurso oficial busca desviar la atención de la gestión interna del gobierno.
El régimen cubano también advirtió que continuará denunciando estas medidas en foros internacionales, apelando al respaldo de la comunidad global. Sin embargo, en los últimos años, múltiples organismos y gobiernos han mostrado posiciones diversas respecto al embargo estadounidense, con debates centrados tanto en su impacto como en la responsabilidad interna de la crisis cubana.
Mientras tanto, la población cubana sigue enfrentando una realidad marcada por la escasez, la migración masiva y el deterioro de los servicios básicos, en un contexto donde las tensiones políticas entre La Habana y Washington continúan sin señales de alivio.
Fuente: Cancillería de Cuba
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