El Tribunal Supremo de España considera que la aplicación de la llamada Ley de Nietos supone un “peligro fundado, real y serio” para la objetividad y transparencia de los procesos electorales, debido al impacto que ha tenido en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La decisión judicial se refiere a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que permitió a descendientes de españoles que sufrieron el exilio solicitar la nacionalidad española bajo determinados supuestos. La medida ha tenido una importante repercusión entre descendientes de españoles residentes en América Latina y otros países.
El Supremo decidió suspender cautelarmente los efectos electorales de las nuevas inscripciones derivadas de esta normativa, salvo en aquellos casos en los que los consulados puedan acreditar que los solicitantes son descendientes de españoles que efectivamente sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o relacionadas con su orientación sexual.
La agencia EFE informó que el tribunal considera que el aumento del número de personas incorporadas al CERA puede afectar a la objetividad de los procesos electorales. La medida fue adoptada después de recursos presentados por Vox e Iustitia Europa contra actuaciones relacionadas con la aplicación de la normativa.
Según los datos citados durante el proceso, alrededor de 2,4 millones de descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad mediante esta vía. De ellos, más de 544.000 ya cuentan con la nacionalidad aprobada y unos 306.000 han sido inscritos como españoles.
Uno de los puntos cuestionados por el Supremo es una instrucción aprobada por el Gobierno poco después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Esa disposición estableció que podía presumirse la condición de exiliado para determinados españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.
El tribunal considera que esa presunción tiene consecuencias relevantes sobre el censo electoral y ha ordenado que, para determinados casos, se acredite individualmente la condición de descendiente de exiliados antes de que puedan ejercer el derecho al voto.
La decisión no supone, por sí misma, la pérdida de la nacionalidad española obtenida mediante la Ley de Nietos. Se trata de una medida cautelar que afecta a sus efectos electorales mientras el Supremo analiza los recursos presentados y adopta una decisión definitiva.
La resolución también ha provocado críticas desde el Gobierno español, mientras sectores de la oposición han defendido la actuación judicial y cuestionado la forma en que se produjo el incremento del censo exterior.
Para miles de descendientes de españoles que obtuvieron recientemente la nacionalidad, la decisión introduce incertidumbre sobre su participación en futuros procesos electorales mientras continúa el conflicto judicial.
Condenan a 10 años de prisión a hombre por robo de aceite dieléctrico en Matanzas (Video)
Hace 1 día
Cubanos enviados a África aseguran que fueron deportados sin antecedentes penales(Video)
Hace 2 días