Cuba cerró agosto con 1.339 presos políticos, la cifra más alta registrada en décadas, de acuerdo con el informe mensual de la organización Prisoners Defenders, que documentó 19 nuevas incorporaciones y siete bajas durante ese mes.
El saldo representa un incremento neto de 12 personas respecto a julio. Además, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 fueron incorporados 281 nuevos casos, un promedio superior a 23 prisioneros políticos cada mes.
La situación refleja el aumento de la represión contra ciudadanos que reclaman servicios básicos, denuncian abusos de las autoridades o participan en protestas.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, advirtió que las consecuencias pueden extenderse más allá de las personas detenidas y afectar también a sus familiares. Entre los casos documentados aparecen madres arrestadas después de reclamar por la falta de agua o electricidad.
Uno de ellos es el de Doraikis Delgado González, detenida en julio después de transmitir en directo una protesta vecinal en Alamar, La Habana, donde residentes reclamaban por los prolongados apagones. Permanece en prisión provisional y enfrenta cargos relacionados con la supuesta difamación de instituciones y organizaciones.
También figura Sady Reynaldo Companioni, detenida el 28 de agosto después de denunciar durante semanas la falta de agua en su vivienda, donde la familia había llegado a recoger agua de lluvia para beber. Fue liberada el 2 de septiembre, pero quedó obligada a presentarse diariamente ante la policía, según la información citada en el informe.
La organización también llamó la atención sobre la situación de Christian de Jesús Crespo Álvarez, un adolescente de 16 años detenido durante protestas contra los apagones en Morón. El menor permanece en prisión provisional y, según Prisoners Defenders, contrajo hepatitis durante su encarcelamiento sin recibir la atención hospitalaria que requería.
Del total de presos políticos contabilizados, 155 son mujeres, mientras que 38 personas fueron detenidas cuando todavía eran menores de edad. De estas últimas, 14 continúan encarceladas.
El informe señala además que 463 presos presentan enfermedades graves y que al menos 54 presos de conciencia padecen trastornos severos de salud mental sin tratamiento adecuado.
Desde las protestas del 11 de julio de 2021, Prisoners Defenders ha contabilizado 2.167 personas que han pasado por las cárceles cubanas por motivos políticos, de las cuales 2.020 ingresaron en prisión durante ese período.
La organización clasifica a los 1.339 presos políticos actuales en 807 convictos de conciencia, 495 condenados de conciencia y 37 casos considerados como otros presos políticos.
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