Amnistía Internacional denunció el reclutamiento de ciudadanos cubanos por parte de Rusia para incorporarlos a sus fuerzas armadas y enviarlos a la guerra contra Ucrania, mediante promesas relacionadas con empleos, ciudadanía y mejores oportunidades económicas.
Uno de los casos documentados corresponde a Enrique, un cubano de 18 años que se encontraba trabajando en la construcción en Rusia cuando aceptó la propuesta de un conocido para firmar un contrato con las Fuerzas Armadas de ese país a cambio de obtener posteriormente el pasaporte ruso.
De acuerdo con el testimonio recogido por Amnistía Internacional, el joven recibió apenas 20 días de entrenamiento militar en Lugansk, ciudad del este de Ucrania ocupada por Rusia. Fue capturado por las fuerzas ucranianas el pasado 1 de septiembre.
La organización también documentó el caso de otro cubano, identificado como Rubén, quien llevaba aproximadamente un año viviendo en Moscú cuando fue detenido por posesión de drogas y condenado a seis años de prisión.
En 2025, mientras se encontraba encarcelado, a Rubén y a otros extranjeros recluidos en Rusia se les ofreció la posibilidad de firmar contratos con las Fuerzas Armadas rusas en lugar de cumplir el resto de sus condenas. Como incentivo adicional, se les habría ofrecido obtener la ciudadanía rusa después de completar el servicio militar.
La agencia EFE informó que Amnistía Internacional entrevistó entre 2024 y 2026 a decenas de prisioneros de guerra en Ucrania, entre ellos ciudadanos de Cuba, Brasil y Colombia. La organización concluyó que en numerosos casos los extranjeros fueron atraídos mediante falsas promesas de empleos civiles, salarios elevados, estatus legal o ciudadanía rusa, para terminar enviados al frente de batalla.
El informe de la organización sostiene que las prácticas denunciadas podrían constituir trata de personas y señala la existencia de redes transnacionales que aprovechan las vulnerabilidades económicas, laborales y migratorias de los extranjeros.
Amnistía pidió a los gobiernos cuyos ciudadanos puedan estar en riesgo que emitan advertencias sobre posibles ofertas laborales fraudulentas relacionadas con Rusia, investiguen a los intermediarios y colaboren internacionalmente para identificar a los responsables.
La organización también pidió evitar la criminalización automática de quienes puedan ser víctimas de estas redes, aunque sin excluir investigaciones individuales cuando existan indicios de posibles delitos.
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