Este miércoles, el Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba denunciaron el injusto encarcelamiento del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer.
El activista y opositor, que fue llevado a prisión por el régimen, sigue allí, lo que ha sido calificado como una arbitrariedad.
José Daniel Ferrer “fue arrestado el J11 por cargos de desorden público. En vez de escuchar opiniones disidentes y respetar la libertad y vida del pueblo, el gobierno cubano lo silencia mediante detenciones arbitrarias. Instamos a su liberación inmediata”, se lee en un tuit de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Hace pocas semanas, la Fiscalía de Cuba revocó la detención domiciliaria del opositor y lo condenó a permanecer en la cárcel los más de cuatro años que le restan de condena por una supuesta agresión.
Al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) lo detuvieron el 1 de octubre de 2019 y en febrero de 2020 lo condenaron a prisión después de un juicio a puerta cerrada por un supuesto delito de lesiones a otro hombre.
Pero este cargo ha sido negado por sus familiares y colaboradores.
“Tras seis meses encerrado, y en medio de fuertes presiones internacionales, en abril de 2020 se le conmutó la pena por una sanción de cuatro años y medio de detención domiciliaria”, reseñan.
Sin embargo, el activista volvió a ser arrestado el 11 pasado 11 de julio al iniciar el estallido social en la isla.
Sus allegados publicaron hoy un auto del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba con fecha del 12 de agosto, donde el juez revoca el arresto domiciliario del líder opositor y ordena su ingreso en un establecimiento penitenciario para que cumpla allí los 4 años y 14 días que le restan de condena.
Para justificar la decisión, el magistrado alega que Ferrer ha mantenido "una actitud contraria a los requisitos que debe cumplir" durante su etapa de arresto domiciliario, según el documento del tribunal, que contempla un período de tres días para recurrir.
El juez añade que el condenado no se incorporó a su trabajo y presentó "comportamientos incorrectos y desafiantes a la autoridad", además de estar procesado por un nuevo delito de desórdenes públicos, cargo que se ha venido imputando en las pasadas semanas a muchos de los manifestantes del 11 de julio.