Un grupo de dieciséis estados, liderados por fiscales republicanos, ha presentado una demanda contra el programa migratorio "Parole in Place", lanzado por el presidente Joe Biden en junio. La demanda, interpuesta en una corte federal en Tyler, Texas, argumenta que el gobierno demócrata ha pasado por alto al Congreso para implementar un plan que, según los demandantes, tiene "fines políticos flagrantes" al ofrecer un camino hacia la ciudadanía para ciertos inmigrantes indocumentados.
El programa, que comenzó a aceptar solicitudes recientemente, permite a cónyuges sin estatus legal solicitar un permiso para permanecer en Estados Unidos, lo que eventualmente podría llevar a la obtención de la residencia permanente y, en última instancia, la ciudadanía.
Ken Paxton, Fiscal General de Texas, quien encabeza la coalición de estados demandantes, ha calificado el plan como una violación de la Constitución y sostiene que incentiva la migración ilegal, lo que podría causar un daño irreversible a los estados involucrados en la demanda.
El programa ha generado un intenso debate, especialmente en un año electoral donde la inmigración indocumentada es un tema central. Los críticos, mayormente republicanos, lo ven como una amnistía encubierta para quienes han infringido la ley al ingresar y permanecer en el país sin autorización.
La Casa Blanca, al anunciar el programa el 18 de junio, defendió la iniciativa como una forma de mantener unidas a las familias estadounidenses y permitir que los inmigrantes que han vivido en el país durante muchos años puedan contribuir más plenamente a la economía.
Para ser elegibles, los solicitantes deben haber residido en Estados Unidos durante al menos 10 años, estar casados con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio, y no representar una amenaza para la seguridad pública ni tener antecedentes penales. Además, deben pagar una tarifa de 580 dólares y presentar una extensa documentación que justifique su solicitud de "Parole in Place."
El desenlace de esta demanda podría tener importantes repercusiones en el panorama migratorio de Estados Unidos, en medio de una creciente polarización política sobre cómo abordar la inmigración indocumentada en el país.
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